X, antes Twitter, en el punto de mira del gobierno de EE.UU.

El gobierno estadounidense teme que la red social

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El Departamento de Justicia pidió a un juez que rechazara el intento de la empresa de eludir las obligaciones asumidas en mayo de 2022, según un documento judicial presentado el lunes por la noche en un tribunal de San Francisco.

La plataforma acordó entonces pagar una multa de 150 millones de dólares y someterse a controles periódicos para verificar que respetaba las normas impuestas por la agencia estadounidense de competencia (FTC).

El pasado mes de julio, X solicitó a los tribunales rescindir o modificar este acuerdo.

“X ahora busca deshacerse de este acuerdo y limitar el escrutinio de sus prácticas de datos. Esta solicitud carece de fundamento y debe ser rechazada”, dijeron los abogados del ministerio en el documento del lunes.

Tras la adquisición de Twitter en octubre de 2022, Elon Musk despidió rápidamente a más de la mitad de los empleados del grupo californiano, incluidos muchos altos directivos familiarizados con estas normas.

Luego, la FTC advirtió a la red social que se arriesgaba a recibir importantes multas si no cumplía el acuerdo. “Ningún director general o empresa está por encima de la ley”, subrayó un portavoz de la agencia federal.

Los abogados del ministerio analizan los grandes trastornos dentro de la empresa, desde dimisiones hasta lanzamientos caóticos de nuevas funciones.

“La FTC tenía todos los motivos para intentar saber si estos hechos indicaban un incumplimiento por parte de X de sus obligaciones”, aseguran.

También piden al tribunal que rechace la petición del multimillonario de no tener que declarar.

“X no tiene derecho a una orden de protección que suspenda la declaración de Musk. Contrariamente a lo que afirma X, Musk tiene un conocimiento único y de primera mano del estado actual y la dirección de las prácticas de datos de la compañía y sus esfuerzos para cumplir con la Orden Administrativa de 2022, detallan.

El acuerdo de 2022 se alcanzó después de que la FTC acusara a Twitter de engañar a sus usuarios de 2013 a 2019 ocultándoles que estaba utilizando sus datos personales para ayudar a los anunciantes a enviarles publicidad dirigida.

En particular, preveía el establecimiento de un “programa integral de seguridad de la información”, la evaluación preliminar de cualquier producto o servicio nuevo que requiera la recopilación de datos personales y auditorías independientes.