El proyecto de ley 3 enfrenta oposición mientras los expertos invitados piden su retirada

Los dos únicos expertos independientes invitados a hablar ante la comisión parlamentaria que examina el proyecto de ley 3, presentado por el ministro Jean Boulet en el marco de una reforma del sistema sindical, hicieron un análisis muy negativo del proyecto el jueves.

Michel Coutu, profesor emérito de la Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad de Montreal, y Gilles Trudeau, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la misma universidad, no se mostraron favorables al proyecto del Ministro Boulet, en particular en lo que respecta a su deseo de imponer un sistema de cotización de dos niveles.

El proyecto de ley 3 estipula que una cuota de afiliación primaria cubriría todos los asuntos relacionados con las relaciones laborales con el empleador, y una cuota de afiliación voluntaria cubriría las actividades sindicales no directamente relacionadas con esta función, como impugnar la legislación en los tribunales, hacer publicidad o participar en movimientos sociales. La financiación de tales actividades periféricas estaría sujeta a una mayoría de votos.

No hay emergencia ni necesidad

“Nos parece que, en cada una de estas tres situaciones, el proyecto de ley 3, por su finalidad y sus efectos, crea obstáculos sustanciales a la libertad de asociación garantizada por el artículo 3 de la Carta de Quebec”, afirmó Coutu. “El objetivo perseguido (por el proyecto de ley 3) no es urgente ni genuino”, añadió, concluyendo que la validez constitucional del proyecto de ley es “en el mejor de los casos, cuestionable”.

“Esta distinción que hace el proyecto de ley entre dos tipos de contribuciones, las obligatorias y las opcionales, nos parece artificial, artificial e inapropiada”, añadió Trudeau.

Coutu fue más allá y dijo que había “disfrutado eliminando todas las disposiciones que tenían que ver con el principal o las contribuciones opcionales. Si eliminas todo eso, no queda mucho en este proyecto de ley”.

Un papel social histórico

Coutu recordó que, según el Código del Trabajo, una asociación de trabajadores va mucho más allá de negociar y administrar un convenio colectivo. “Está claro que desde el principio, la dimensión socioeconómica, el movimiento social, la defensa de políticas públicas que beneficien a los empleados” ha sido el centro de la actividad sindical.

“El resultado previsto que tememos y que nos preocupa”, argumentó Trudeau, “es que, a largo plazo, esto conducirá a un debilitamiento del movimiento sindical de Quebec, un posible debilitamiento de la presencia sindical de Quebec”. Los dos abogados pidieron al gobierno que retirara el proyecto de ley.

Horas antes, la Alianza de Profesionales y Técnicos de Salud y Servicios Sociales (APTS) y la Federación Autónoma de Educación sumaron sus voces al coro de denuncias sindicales del Proyecto de Ley 3.

“Este proyecto de ley no es una reforma, es a nuestros ojos una regresión”, declaró el presidente de la APTS, Robert Comeau, quien pidió su retirada, considerándolo “un ataque frontal contra los derechos fundamentales”.

Caballo de Troya

Además, con la posibilidad de imponer una contribución voluntaria para acciones periféricas a las relaciones laborales, “este proyecto actúa como un caballo de Troya. Oculta un ataque furtivo a la capacidad de acción de los sindicatos”.

“La historia lo demuestra y lo ha demostrado: la jornada laboral de ocho horas, el permiso parental, el seguro de desempleo y la equidad salarial son avances que ahora benefician a toda la población de Quebec y que fueron el resultado de las luchas sindicales”. Sostuvo que si hubiera habido un equivalente en 1975, “los sindicatos no habrían podido financiar la lucha por la equidad salarial ya que no estaba cubierta por un convenio colectivo”.

Para los 68.000 miembros de la APTS, el 85 por ciento de los cuales son mujeres, argumentó, un proyecto de ley de este tipo coloca al gobierno en un conflicto de intereses, ya que le permite interferir en los asuntos sindicales como legislador y al mismo tiempo actuar como empleador. Las actividades auxiliares están directamente relacionadas con las condiciones de trabajo de los empleados del sector público, sostuvo, porque si el gobierno presenta un presupuesto que incluye recortes en el sector de la salud, sus miembros inevitablemente sufrirán las consecuencias.

No poder oponerse a una contribución voluntaria sin antes obtener un voto no tiene sentido y equivale a amordazar al sindicato.

¿Dos tipos de impuestos?

También llevó la lógica de las contribuciones separadas hasta el punto del absurdo: “El gobierno nunca consideraría recaudar impuestos obligatorios para cumplir las principales misiones del Estado e impuestos opcionales para otras funciones o para financiar proyectos como Northvolt, por ejemplo”.

Los intercambios fueron, sin embargo, respetuosos con el Ministro Boulet, que se preocupó de felicitar a la APTS “por sus mecanismos que conozco relativamente bien. Cuando dice mecanismos sólidos y transparentes por y para los miembros, tiene razón”.

La presidenta de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Mélanie Hubert, apoyó plenamente sus declaraciones. La FAE, por ejemplo, cuestiona la validez del proyecto de ley 21, que prohíbe el uso de símbolos religiosos, algo que no podría haber hecho si el proyecto de ley 3 hubiera estado vigente al inicio del proceso. “La necesidad de rapidez y flexibilidad para cumplir ciertos plazos, por ejemplo si hay un período de apelación de 30 días, es crucial. Este proyecto de ley afectará la capacidad del comité ejecutivo para ejercer todos sus poderes, debilitando no sólo la planificación financiera y la coherencia de sus acciones, sino también privándolo de la agilidad necesaria para hacerlo”.

También denuncia el conflicto de intereses entre empleadores y legisladores: “Las cuestiones relacionadas con los salarios, las condiciones de trabajo y el sistema educativo dependen necesariamente de las finanzas públicas. Dependen directamente de las decisiones presupuestarias del gobierno. Se incluyen tanto en las relaciones laborales como en las decisiones políticas, y no pueden separarse”.

–Este informe de La Presse Canadienne fue traducido por CityNews