Impugnaciones a la ley Boulet: los sindicatos exigen una indemnización

La CSQ y la Alianza del personal profesional y técnico de la salud y de los servicios sociales (APTS) exigen que el gobierno de Quebec les pague una indemnización por daños y perjuicios, debido a la ley que le permite poner fin a un conflicto laboral e imponer el arbitraje.

En su impugnación de la constitucionalidad de la ley, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) pide al Tribunal Superior que obligue a Quebec a pagar daños y perjuicios ejemplares y punitivos “por la infracción ilegal e intencionada de los derechos fundamentales de los empleados” que representa.

La APTS también solicita al Tribunal Superior una indemnización punitiva, cuyo monto aún no ha sido determinado, “por la vulneración intencional de la libertad sindical”.

La CSQ y la APTS se encuentran entre las cinco organizaciones sindicales que impugnan la “Ley para dar mayor consideración a las necesidades de la población en caso de huelga o cierre patronal”.

El CSN, la FTQ y el CSD también están presentando su propia petición. En general, los sindicatos piden al Tribunal Superior que declare inconstitucional, inválida e inoperante la ley, adoptada en mayo pasado pero que sólo entró en vigor el 30 de noviembre.

Esta ley también establece el principio de servicios “que garanticen el bienestar de la población” además de los servicios esenciales. Se trata de “los servicios mínimos necesarios para evitar que la seguridad social, económica o ambiental de la población se vea afectada de manera desproporcionada”.

Los sindicatos critican esta idea. “El legislador abre aquí la puerta a un análisis basado en los riesgos y desventajas de una huelga, más que en el peligro real para la vida, la salud y la seguridad de la población”, escribe la FTQ en su solicitud.

El poder discrecional del ministro

Los sindicatos también cuestionan el amplio poder discrecional que la ley otorga al Ministro de Trabajo. “Otorga al Ministro un poder discrecional incontrolado, aplicable casi en cualquier momento e indefinidamente, para limitar el alcance o la duración de las huelgas, y esto para todos los lugares de trabajo de la provincia”, escribió la CSQ en su solicitud.

“Este poder discrecional de suprimir el derecho de huelga desestabiliza el equilibrio de poder a favor de los empresarios, ya que esta disposición favorece una actitud expectante por parte de estos últimos, que pueden mostrarse reacios a hacer concesiones durante las negociaciones, con la esperanza de que el ministro intervenga, ponga fin a la huelga y ordene un arbitraje del conflicto”, denuncia la APTS en su solicitud.

La CSQ concluye que “el poder conferido por la ley equivale a la implementación de un sistema de emisión automática de leyes especiales que pongan fin a los conflictos laborales, pero sin las salvaguardias democráticas que acompañan al proceso legislativo habitual. El ministro actúa solo y según su propia perspectiva, sin necesidad de apoyo público o del beneficio de la revisión parlamentaria y las enmiendas que puedan resultar”.

Los sindicatos basan su impugnación en la decisión de Saskatchewan de 2015, cuando la Corte Suprema de Canadá afirmó que el derecho de huelga debe gozar de protección constitucional.

“Los mecanismos creados en la Ley contravienen, a primera vista, las enseñanzas del Tribunal Supremo y el derecho internacional sobre libertad sindical”, argumenta el CSN en su solicitud.

El Ministro de Trabajo, Jean Boulet, siempre ha sostenido que su ley sólo pretendía tener más en cuenta las necesidades de la población en caso de conflicto laboral.

También afirmó que cualquier intervención ministerial en los conflictos no sería frecuente y estaría motivada por el hecho de que una población se vería desproporcionadamente afectada, particularmente las personas vulnerables.

–Este informe de La Presse Canadienne fue traducido por CityNews