Pedro Sánchez, su Gobierno y la clase política reaccionan al escándalo de los pagos arbitrales del Barça en el ‘caso Negreira’

El escándalo destapado por la investigación en curso de la Fiscalía en el ‘caso Negreira‘ ha trascendido desde el principio los límites de lo deportivo, y ha comenzado a afectar a muchos otros aspectos de la sociedad española, como la política. Un tema complejo que involucra la nueva Ley del Deporte, en la que trabajó un ex directivo del Barça como Albert Soler justo antes de dejar su cargo, y alimenta las suspicacias en torno a una posible compra de árbitros por parte del FC Barcelona.

La magnitud de los hechos desvelados ha sido tal, que la clase política española no ha podido ignorar por mucho tiempo el tema. De hecho, el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre el caso: “Vamos a esperar a que los órganos de gobernanza de la Liga Española aclaren la situación que por desgracia estamos conociendo por los medios de comunicación”.

Sánchez únicamente ha abordado el tema a petición de la prensa en su visita a Eslovenia, donde ha aprovechado para llamar a la paciencia y dejar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) investigue las informaciones de presuntos pagos del Barcelona a a una empresa del exárbitro José María Enriquez Negreira para conocer el alcance de lo sucedido.

El presidente del Gobierno no ha querido mojarse más ni profundizar en el tema o en la implicación que podría tener el ejecutivo en el caso, que como parece tiene una estrecha vinculación con la recientemente aprobada Ley del Deporte, en la que este tipo de delitos prescriben a los tres años de cometerse.

Una de las ministras de su gabinete, Isabel Rodríguez, también ha tomado la palabra en las últimas horas para afrontar el asunto. La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, de viaje oficial en Guadalajara, ha confiado en que el denominado ‘caso Negreira’ se aclare “cuanto antes”, porque “el buen nombre del deporte español está en todos los lugares“.

“La marca España también lleva el emblema de los clubes españoles y es importante mantener también los valores en el ámbito deportivo” ha recalcado Rodríguez, que ha calificado estos acontecimientos como “poco estéticos” pero ha preferido decantarse por esperar al análisis e investigación, ya que ha afirmado que “el Gobierno central respeta todas las investigaciones”.

En su caso, Rodríguez sí que ha hablado de la Ley del Deporte, aunque no ha aportado información novedosa. La ministra únicamente ha especificado que, en lo que se refiere a sanciones, no podría actuar sobre los hechos que supuestamente se cometieron puesto que han pasado más de tres años y ya están prescritos.

A nivel gubernamental, el organismo con más cercanía al caso es el Consejo Superior de Deportes, donde la nueva Ley del Deporte ha sido confeccionada, y éste también ha roto su silencio este viernes a través de un comunicado para esclarecer que la Ley del Deporte “no ha influido en ningún sentido” en el ‘caso Negreira’. Ni una condena a los hechos ya probados, ni una reacción de sorpresa o indignación.

En la nota aclaratoria, el CSD ha recordado que el artículo 112 de la nueva Ley del Deporte aprobada en 2022 que recoge los plazos de prescripción de las infracciones muy graves, graves y leves “no se encuentra en vigor” debido a que la disposición transitoria tercera del nuevo texto establece que el régimen disciplinario y sancionador no se aplicará hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de la ley.

Dicho artículo 112 forma parte del régimen sancionador y disciplinario y, por lo tanto, sigue rigiendo la Ley del Deporte de 1990 y el Real Decreto 1591 de 1992. En este sentido, el CSD informó de que ambos textos establecen un plazo de prescripción de 3 años para las infracciones consideradas muy graves. Por tanto, el plazo aplicable sería de 3 años y ya habría transcurrido, ya que los hechos que se denuncian se remontan a 2018. En todo caso, el plazo de prescripción de las infracciones muy graves no ha variado de la Ley del Deporte de 1990 respecto a la aprobada el pasado año.

Por último, el Consejo Superior de Deportes señaló que por la vía penal “puede seguir” el procedimiento correspondiente, y que “respeta” la investigación que está en marcha sobre el presunto pago del Barça a Enríquez Negreira por los informes de arbitraje mientras que éste ocupaba el cargo de ‘número dos’ del organismo que rige a los colegiados españoles.

Desde el Gobierno, por tanto, las reacciones han sido tímidas y comedidas, siempre esperando y respetando los tiempos de la investigación. Algo que no impedía igualmente que se diesen más explicaciones o valoraciones de las dadas, ni una condena en firme a cualquier conato de corrupción del deporte español.

Para pedir esas explicaciones, el grupo parlamentario Popular en el Senado ha pedido la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, para que informe sobre la investigación. 

Ha sido la portavoz popular Mercedes Cantalapiedra quien ha pedido que Franco “informe sobre las gestiones y conversaciones e información que haya recabado sobre el presunto delito de corrupción que está investigando la Fiscalía de Barcelona, por las posibles irregularidades del Fútbol Club Barcelona y el Comité de Árbitros” en la Comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Alta.

Uno de sus compañeros de formación, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, también ha dado su opinión sobre el tema. Por un lado, ha condenado los hechos “gravísimos” desvelados hasta el momento, pero por otro ha intentando seguir alimentando su particular cruzada como seguidor del Atlético de Madrid contra su vecino en la capital de España.

“Imagínense ustedes, y tengan en cuenta quién lo está diciendo, que hubiera sido el Real Madrid”, ha deslizado el primer edil de Madrid este viernes, dejando caer que el eterno rival colchonero siempre ha hecho lo que ahora la Fiscalía está cerca de desvelar en su investigación por corrupción entre particulares, que el Barça influyó monetariamente en decisiones arbitrales. 

Comentario de mal gusto dada la gravedad del escándalo, pero siempre en el tono irónico que caracteriza a Almeida. Además, el político del Partido Popular ve lógico que los pagos de un club como el Barcelona al jefe de los árbitros generen “desconfianza” en la ciudadanía. “Alguna irregularidad debe de haber”, cree Almeida, que se ha referido también a la Ley del Deporte que ha permitido “rebajar la prescripción” de actuaciones como la del Barcelona: “Creo que no beneficia a la limpieza de las competiciones“.