La responsabilidad del Estado mexicano por las actuaciones de sus jueces

Publicado el 2026-04-20 18:20:00 • BeOne Radio Canada

La Corte de Apelaciones de EE. UU. reafirma la condena a México en caso de Lion México Consolidated

El 7 de abril, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la condena al Estado mexicano de indemnizar a la empresa canadiense Lion México Consolidated con 47 millones de dólares. Este fallo surge tras la alegación de que México violó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al no proporcionar un trato justo a la inversión de Lion.

La invalidez del laudo arbitral, que México intentó anular aduciendo que el tribunal había excedido su autoridad, fue rechazada por la corte. La sentencia destacó que las inversiones protegidas por hipotecas estaban amparadas por el TLCAN, y que las acciones jurídicas en este caso fueron determinantes para la responsabilidad internacional del país.

Lion financió más de 33 millones de dólares para proyectos inmobiliarios en Nayarit y Guadalajara, garantizando su inversión mediante hipotecas. Sin embargo, un procedimiento judicial iniciado por los deudores en Jalisco resultó en la cancelación de estas garantías sin que Lion fuera notificado, lo que desencadenó el conflicto.

Al no encontrar respuesta adecuada en el sistema judicial mexicano, Lion llevó su caso al Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Allí, argumentó que se le negó el acceso a la justicia y el debido proceso, lo que constituyó una violación a los estándares de trato justo establecidos en el TLCAN.

El Tribunal Arbitral del CIADI dictaminó que efectivamente se había producido una denegación de justicia, fundamentando que las decisiones de los tribunales locales no cumplieron con los estándares mínimos del debido proceso. La corte concluyó que las acciones judiciales que llevaron a la cancelación de las hipotecas de Lion no fueron legítimas, lo que puso de manifiesto fallas en el sistema judicial mexicano.

Este caso subraya la importancia de la protección de las inversiones extranjeras y de la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la justicia en México. El cumplimiento de la sentencia conlleva no solo una importante carga financiera, sino también un importante precedente sobre la responsabilidad del Estado en cuestiones de inversión y derechos procesales.