La justicia de Estados Unidos sostiene que hay “mucha” evidencia contra el exsecretario de Seguridad de Rubén Rocha

Publicado el 2026-06-01 14:34:00 • BeOne Radio Canada

La Fiscalía estadounidense tiene un plazo de dos meses para presentar pruebas contundentes contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez. Las acusaciones en su contra han desatado un profundo terremoto político que involucra al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

La jueza Katherine Polk, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha establecido un plazo de dos meses para que la Fiscalía estadounidense procese las pruebas contra Mérida, quien se entregó voluntariamente en mayo. La defensa del acusado, liderada por la exfiscal Sarah Krissoff, podrá examinar la evidencia para preparar su argumentación.

Las acusaciones contra el gobernador Rocha y su gabinete giran en torno a la supuesta colusión con el Cártel de Sinaloa, facilitando operaciones ilícitas a cambio de sobornos. Esta situación ha generado un clima de tensión política en México y ha proporcionado munición a la oposición, debilitada a nivel nacional.

A pesar de las protestas del oficialismo mexicano, que sostiene que no hay pruebas suficientes para la extradición de Rocha, el general Mérida ha enfrentado la justicia en Estados Unidos. En su comparecencia inicial, se declaró no culpable de los cargos de conspiración y posesión de armas ilegales.

Se anticipa que más acusados se sumen al caso, incluyendo a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha, quien también está en tratativas con las autoridades estadounidenses. La inminente llegada de nuevos acusados ha sido mencionada por la jueza Polk durante la audiencia.

Merida llegó a la corte encadenado y vestido con el uniforme de prisionero. Las acusaciones en su contra indican que suministraba información a Los Chapitos, permitiendo a esta facción del cártel evadir operativos de seguridad. Se estima que recibió más de 100,000 dólares mensuales por su colaboración.

Los cargos contra Mérida son paralelos a los que enfrenta Rocha y otros miembros de su administración, intensificando así las confrontaciones políticas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exhortado a la comunidad internacional a no utilizar el caso con fines políticos, advirtiendo sobre sus implicaciones en las elecciones intermedias de 2027 en México.