Drones kamikazes en Haití: 1.243 muertos en el fallido plan del premier Fils-Aimé contra las bandas criminales

El 20 de septiembre de 2025, alrededor de las siete de la tarde, había decenas de niños correteando por el popular barrio de Simon Pelé, en el norte de Puerto Príncipe. Jugaban entre las coloridas callejuelas —controladas desde hace años por la pandilla homónima a la localidad— esperando a que Albert Steevenson, alias Djouma, entregara juguetes como parte de la celebración de su cumpleaños. Pero entre los callejones también sobrevolaban drones cuadricópteros de un operativo oficial, armados con explosivos que tenían un objetivo claro: matar al escurridizo líder pandillero haitiano.

La operación se saldó con la muerte de al menos 10 personas, 8 de ellos menores de edad. Un joven vendedor de jugos, una niña de tres años y un artesano que trabajaba al aire libre, entre otros, se convirtieron en el “daño colateral” de unos operativos tan impopulares como ineficientes. Ni Djouma ni ningún otro líder del clan fue abatido ni detenido durante la operación. La mayoría de los pacientes heridos que atendió entonces Médicos Sin Fronteras perdió al menos una extremidad.

Este fallido operativo fue uno de los 141 ataques con drones kamikazes impulsados por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026. Un informe de Human Rights Watch (HRW) ha contabilizado estos ataques en un informe publicado este martes, en el que denuncia que al menos 1.243 personas fueron asesinadas, incluidos 43 adultos que no eran miembros de grupos criminales, así como 17 niños. Estos ataques hirieron a 738 personas, de las cuales 49 no son miembros criminales. En los 10 meses de operativos, Human Rights Watch no tuvo información de que ningún cabecilla haya muerto como resultado de los drones.

Juanita Goebertus, abogada y directora de la división de las Américas de HRW, incide en la ilegalidad de estos drones. “Cuando el uso de fuerzas letales se emplea fuera de un contexto de conflicto armado, como es el caso de Haití, y como primera opción, estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales deliberadas”, narra por teléfono a . “Hemos hablado con población sometida a mucha ansiedad después de presenciar episodios como los del 20 de septiembre. Antes temían ser víctimas de las pandillas y ahora también del Estado”, lamenta.

Para ellos, el recuerdo es aún una película de terror. La mamá de una de las niñas fallecidas, de apenas seis años, tuvo que enterrar a su pequeña poco después de encontrar el cuerpo, por temor a que no llegara la ayuda. Otra mujer recuerda cómo un fragmento de metal atravesó el cuerpo de su hija, impactando la cadera y saliendo por la espalda. El padre de un hombre asesinado dijo que el grupo criminal organizó y controló el acceso al funeral y que los familiares “sólo pudieron mirar desde fuera”. “Como si no fuéramos nadie”, lamentó. La violencia en Haití trasciende la propia muerte.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití ha atribuido los ataques con drones en el país a la Fuerza de Tareas Especializada (Task Force) creada por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. Este organismo opera con el apoyo de la empresa militar privada Vectus Global, cuyo dueño ha reconocido haber firmado un contrato de un año con el Gobierno transicional y la contratación de operadores salvadoreños para apoyar a la policía haitiana en el uso de drones armados. “Las autoridades haitianas deberían controlar urgentemente a las fuerzas de seguridad antes de que mueran más niños en estos ataques. Y esto incluye también a los contratistas privados”, subrayó Goebertus.

Haití es hoy uno de los cuatro países más peligrosos del mundo. Puerto Príncipe es la única capital latinoamericana tomada en un 90% por las pandillas, quienes controlan la vida de los haitianos. En una gran parte del territorio, son una suerte de Estado que suple principalmente las carencias alimentarias, revisa periódicamente los celulares y extorsiona a quienes tienen recursos. Si bien la experta colombiana sabe de sobra el historial de violencia sexual y física de estas pandillas urbanas, insiste en que las medidas para aplacarlos tienen que cumplir con el derecho internacional. “Si como resultado del despliegue se…