México prepara una sacudida anticorrupción: huachicol fiscal y factureras son el primer blanco de una reforma de calado

Publicado el 2026-07-29 14:18:00 • BeOne Radio Canada

Título: El Gobierno Mexicano Impulsa Reformas para Combatir la Corrupción y el Huachicol Fiscal

En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra la corrupción, el Gobierno de México se prepara para presentar un ambicioso paquete de reformas que busca reestructurar el actual Sistema Nacional Anticorrupción. Esta iniciativa, que incluye cambios constitucionales y legales, pretende enfrentar frontalmente el fenómeno del huachicol fiscal y las redes de facturación falsa que han afectado el erario público.

La propuesta cuenta con el respaldo del Gobierno y una parte de los legisladores de Morena, así como de diversos sectores como empresarios, académicos y centros de investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, junto a otras instituciones, están trabajando en modificaciones que serán presentadas en un esfuerzo conjunto para erradicar la corrupción.

Sheinbaum anunció que presentará un decreto para reforzar la transparencia en la gestión pública, determinando que ningún funcionario podrá clasificar información sin justificación judicial o razones de seguridad nacional. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, brindará más detalles sobre estas reformas en la conferencia matutina del próximo viernes.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, destacó la necesidad de priorizar tanto el paquete económico como las reformas a la Ley en el próximo periodo de sesiones. Este proceso, que ha sido discutido durante meses, tiene como objetivo hacer más eficaz la lucha contra el huachicol y la facturación simulada a través de una nueva legislación.

El huachicol fiscal, que ha generado graves delitos en los últimos años, es uno de los puntos focales de la propuesta. Los legisladores han identificado a estaciones de servicio y grandes empresas como los principales actores en el consumo de combustible de procedencia ilícita, y se planea ampliar el uso de la extinción de dominio contra quienes se benefician de esta actividad ilegal.

Las autoridades insisten en que su objetivo no solo es perseguir delitos específicos, sino también transformar la arquitectura institucional del país para así garantizar una mayor rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública.