La ley de inocencia fiscal impulsada por Milei beneficia a Lázaro Báez, empresario kirchnerista preso por corrupción

Javier Milei llegó al poder montado en un discurso furibundo contra “la casta” y los manejos corruptos del período kirchnerista, que prometía erradicar. Una narrativa que, ya instalado en la Casa Rosada, comenzó a flaquear. Esta semana se conoció que la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el presidente argentino terminó por beneficiar a Lázaro Báez, el mayor representante de los empresarios cercanos al kirchnerismo que se enriquecieron abruptamente gracias a los contratos de obra pública. Báez, de hecho, ya está preso por hechos de corrupción y es una actor central en la causa por la que se encarceló a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El Tribunal Oral Económico Nº3 dispuso el sobreseimiento parcial de Báez, sus hijos y otras 11 personas, acusados de presunta evasión impositiva en cifras millonarias a través de su empresa Austral Construcciones SA. Su caso es uno de tantos: las causas abiertas por estos delitos caen de a cientos en los tribunales argentinos. La entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal, en febrero pasado, elevó los montos punibles y, aplicada de manera retroactiva, exculpa a miles de evasores que eran investigados.

La nueva legislación elevó el umbral del delito de evasión simple a 100 millones de pesos (unos 73.000 dólares), y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos (730.300 dólares aproximadamente), lo que implica un aumento de más del 6.500% respecto de los montos previos. Al aplicarse el principio de la ley más benigna —que, ante cambios de ley, considera la que resulta más favorable al imputado—, la norma genera un efecto hacia atrás y desactiva expedientes que fueron abiertos por valores más bajos.

Los abogados de Báez solicitaron revisar la causa que lo investiga por la falta de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y distintas tasas entre los años 2010 y 2014. El argumento fue que los montos evadidos en el pasado quedaron por debajo del nuevo límite legal de 100 millones de pesos. En este marco, los jueces Fernando Machado Pelloni, Karina Perilli y Jorge Zabala ordenaron el sobreseimiento sobre los periodos que se ubican debajo del nuevo piso, fundamentando su decisión en la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal. El único año que excedió el límite fue 2012, por lo que la causa seguirá activa pero acotada a ese período.

No siempre el principio de la ley más benigna se ha aplicado en este tipo de casos, porque jueces y fiscales han interpretado que las subas de los montos mínimos no implicaban un cambio en la valoración social de la conducta, sino que respondían simplemente a actualizaciones inflacionarias. Ahora, sin embargo, hay un elemento que fuerza a admitir el cierre de las causas: la postura muy clara de la Corte Suprema de la Nación, ya fijada en ese sentido en el caso Vidal.

Lázaro Baéz ya está preso por otras causas. En 2012 fue condenado a doce años de cárcel, hallado culpable de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Báez era en aquel tiempo dueño de una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia patagónica que fue bastión político del kirchnerismo, que lo convirtió en millonario gracias a importantes contratos estatales que quedaron luego bajo el escrutinio judicial.

En 2022 el empresario fue hallado culpable en otro caso, junto a Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados. La investigación judicial, inscripta popularmente dentro de lo que se conoció como “la ruta del dinero K”, dio por probado que la expresidenta recibió dinero a cambio de los beneficios que otorgó a Báez. Para la Justicia, distintas licitaciones de obra pública fueron concedidas irregularmente al empresario —amigo personal del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)—, que pasó de ser cajero de banco a convertirse en zar de la construcción. Fernández de Kirchner insiste en que las distintas causas que la involucran responden a “prácticas mafiosas” de la Justicia argentina.