Graves irregularidades del gobierno de Milei en entrega de alimentos a desfavorecidos

Un demoledor informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ha puesto en tela de juicio la transparencia del Gobierno de Javier Milei. El documento, ya en manos de la Justicia federal, alerta de graves irregularidades en la distribución de alimentos a los comedores sociales, señalando un escenario de descontrol administrativo que impide conocer, con certeza, el destino de toneladas de asistencia social.

La investigación se centra en una licitación realizada a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la compra de aceite de girasol y lentejas secas por un monto de 6.700 millones de pesos (aproximadamente 4,6 millones de dólares).

Si bien el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, debía garantizar el almacenamiento y distribución de esos insumos en Buenos Aires y Tucumán, el PIA sostiene que el rastro de la mercancía se perdió en la burocracia estatal. Según el organismo, no existe documentación fehaciente que demuestre que el Estado cumplió con sus obligaciones.

Uno de los puntos más críticos del informe es la imposibilidad de establecer la hoja de ruta alimentaria. El documento califica la gestión como un campo “meramente probabilístico”, lo que es inaceptable para un sistema de auditoría estatal.

Denuncian entregas fantasmas

El organismo detectó la ausencia sistemática de facturas y registros de pago. Además, existen registros de mercancías marcadas como “entregadas” que nunca ingresaron formalmente a los almacenes.

Muchos de los formularios de salida no cuentan con la firma de los destinatarios, lo que imposibilita identificar quiénes fueron los beneficiarios finales.

“La información proporcionada es antagónica a un verdadero informe de trazabilidad”, afirma la PIA, subrayando que, aunque se sabe que los alimentos salieron de los almacenes, es imposible confirmar si llegaron a manos de quienes más los necesitan.

Este informe no sólo cuestiona la logística, sino que golpea directamente el discurso de eficiencia y “limpieza” del gasto público que pregona la administración de La Libertad Avanza. La PIA describe un panorama de “desorganización administrativa” que habría facilitado el incumplimiento de las medidas cautelares previamente dictadas por la Justicia, que exigían un plan de distribución claro y el origen detallado de cada producto.

Ante la falta de evidencia documental y la persistencia de “patrones de informalidad”, el…