El plan de Clara Brugada para las rentas promete defender a los inquilinos, pero no ataca el alza del alquiler

Publicado el 2026-10-17 05:30:00 • BeOne Radio Canada

La Ley de Rentas Justas de la Ciudad de México: promesas sin herramientas efectivas

La recién presentada Ley de Rentas Justas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, genera expectativas entre los inquilinos, pero su efectividad es objeto de debate. A pesar de diversas propuestas, se carece de medidas concretas para controlar los aumentos de alquileres en una ciudad donde la demanda de vivienda está desbordada.

El proyecto se expuso este miércoles durante el segundo informe de Gobierno de Brugada y contempla la creación de una defensoría gratuita para resolver conflictos entre propietarios e inquilinos. Además, incluye un registro obligatorio de contratos y reafirma la lucha contra la discriminación en el arrendamiento. Pese a ello, expertos advierten que no aborda cuestiones clave como regulaciones claras sobre aumentos de renta y sanciones efectivas por incumplimientos.

En el contexto actual de la Ciudad de México, el aumento de precios en alquileres ha superado los índices de inflación. Entre julio de 2025 y julio de 2026, los alquileres crecieron un 9.6%, y en el primer semestre de este año, el incremento fue del 3.7%. Las sanciones propuestas para quienes infrinjan el límite de aumento son consideradas insuficientes, con multas de hasta 47,000 pesos, que para algunos especialistas son “poco significativas”.

Una de las principales novedades de la legislación es la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, que proporcionará asesoría gratuita y acompañamiento a familias en riesgo de desalojo. Expertos destacan la importancia de contar con un espacio dedicado para la resolución de este tipo de conflictos, lo que antes no existía.

La nueva ley también establece la obligación de registrar los contratos de arrendamiento digitalmente en un plazo de 30 días tras la firma. Además, se estipula que los contratos tendrán una duración mínima de un año y que los arrendadores no pueden trasladar costos adicionales al inquilino. Sin embargo, algunos expertos señalan que las normas sobre prácticas abusivas son demasiado generales y carecen de especificidad, lo que podría generar vacíos legales.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio presentado por Brugada en julio de 2025, que busca enfrentar problemas como la gentrificación y los abusos en la renta. Sin embargo, algunos analistas advierten que, sin cambios estructurales, la reforma corre el riesgo de convertirse en un mero discurso político sin impacto real. Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada morenista en el Congreso de la capital, ha manifestado su respaldo a la política de vivienda de Brugada, asegurando que se trabajará para aprobar la ley.

Finalmente, el especialista en valuación inmobiliaria Victor Pacheco critica que la iniciativa no aborda adecuadamente la escasez de vivienda social. Insiste en la necesidad de desarrollar soluciones habitacionales accesibles para la población de bajos ingresos, un problema que persiste sin una respuesta contundente en la nueva propuesta.