Bell, Rogers y Telus sospechosos de eludir la prohibición de tarifas abusivas

Publicado el 2026-07-01 08:33:00 • BeOne Radio Canada

Las telecomunicaciones canadienses en la mira por tarifas prohibidas
Bell, Rogers y Telus, tres de los principales proveedores de telecomunicaciones en Canadá, podrían enfrentar multas de hasta 10 millones de dólares por infracciones recientes relacionadas con tarifas que aparentan ser prohibidas. La Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC) ha solicitado justificaciones a estas empresas, un mes después de la entrada en vigor de una nueva regulación que prohíbe tales cobros.

El CRTC ha indicado que las compañías deben ofrecer explicaciones antes del 30 de julio o de lo contrario podrían ser objeto de sanciones. Desde el 12 de junio, estas empresas no están autorizadas a cobrar a los clientes tarifas por activar, modificar o cancelar planes, una medida destinada a mejorar la competitividad en el mercado.

El organismo regulador sospecha que Bell, Rogers y Telus han encontrado maneras de evadir esta nueva normativa. Ha señalado casos específicos en los que las tarifas actuales son similares a las que estaban prohibidas anteriormente. Por ejemplo, Telus cobra 15 dólares por una tarjeta SIM, mientras que Bell impone un cargo de 40 dólares por gestionar un dispositivo adquirido con un plan, y Rogers cobra 40 dólares por la configuración de un dispositivo más 25 dólares de envío.

A pesar de advertencias enviadas entre mayo y junio, las compañías no han ajustado sus prácticas. Matt Hatfield, director de OpenMedia, subraya que la acumulación de ingresos durante este período podría superar el monto máximo de las posibles multas, lo que plantea cuestionamientos sobre la ética de sus decisiones.

Desde la perspectiva de las empresas, Bell y Rogers defienden que la compra de un dispositivo es opcional, lo que las eximiría de la prohibición. Por su parte, Telus argumenta que sus tarifas por tarjetas SIM son por productos y no por activaciones. Sin embargo, Hatfield refuta este argumento, señalando que es imposible conectarse a una red sin un dispositivo proporcionado por el proveedor.

Si la CRTC confirma alguna infracción, cada empresa podría enfrentar una multa máxima de 10 millones de dólares y sus directores 25,000 dólares cada uno. El público tiene hasta el 30 de julio para enviar comentarios, y las empresas tendrán hasta el 10 de agosto para responder.

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rasco

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