Detenido en Arizona Gerardo Mérida, uno de los 10 funcionarios de Sinaloa reclamados por Estados Unidos

Publicado el 2026-05-15 14:39:00 • BeOne Radio Canada

Detención del Exsecretario de Seguridad de Sinaloa Agita el Escenario Político

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, fue detenido el pasado lunes en Arizona en un caso que promete intensificar la crisis política en México. Mérida, de 66 años, enfrenta múltiples acusaciones en Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico y la posesión de armas, lo que lo convierte en una figura central en las investigaciones sobre corrupción en el gobierno sinaloense.

Mérida fue aprehendido tras ingresar desde Sonora a través de la Garita de Nogales y quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad mexicano ha confirmado su entrega a las autoridades estadounidenses y mantiene comunicación constante en el marco de la cooperación internacional.

La detención se produce en medio de un tumulto político desencadenado por los recientes señalamientos de la Justicia estadounidense, que incluyen al gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios morenistas. La administración de Claudia Sheinbaum ha calificado las acusaciones de infundadas, argumentando la falta de pruebas concluyentes y sugiriendo un enfoque político detrás de ellas.

Un juez federal mexicano había frenado temporalmente la extradición de Mérida tras la presentación de un amparo. Sin embargo, actualmente se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también está recluido el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Las imputaciones han golpeado el tejido de la narcopolítica en México, al implicar a funcionarios aún en el cargo. A pesar de las severas acusaciones, muchos de los implicados, incluido el gobernador Rocha Moya, han solicitado licencia para ser investigados, mientras que otros como el senador Enrique Inzunza permanecen activos en sus funciones.

Los cargos divulgados por el Departamento de Justicia de EE. UU. incluyen importación de narcóticos y posesión de armas de fuego, con posibles penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua. Este escándalo pone de relieve la creciente preocupación sobre la corrupción y el narcotráfico en el país, complicando aún más la política interna mexicana.