Chile discute una ley que posibilita que los violadores de derechos humanos en la dictadura de Pinochet cumplan prisión domiciliaria

La sala del Senado chileno aprobó este miércoles la etapa inicial de un proyecto de ley, presentado por parlamentarios de derechas, que permite el cumplimiento alternativo de penas a las personas privadas de libertad, en el caso de los hombres mayores de 70 años y de mujeres desde los 65, para casos con enfermedades terminales o menoscabo físico grave, como discapacidades, a fin de que puedan tener reclusión domiciliaria total. De seguir avanzando, la norma abre la puerta para que también resulten beneficiados los exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet que están en prisión, en la cárcel conocida como Punta Peuco y en la de Colina 1, por crímenes de lesa humanidad: cumplen condenas por homicidios, torturas y desapariciones.

La norma tiene su origen en una moción de los senadores de la derecha tradicional, del conglomerado Chile Vamos, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Luz Ebensperger y Carlos Kuschel, además del independiente Alejandro Kusanovic. Fue visada por 23 votos a favor y 22 en contra, una estrechez de opiniones que refleja las controversias, por lo que hasta el 16 de marzo se pueden presentar indicaciones.

En Chile, según cifras de Gendarmería, el servicio de prisiones, al 31 de diciembre de 2025 de las 738 personas mayores de 70 años que están condenadas (698 hombres y 40 mujeres), prácticamente el 50% (365) cumple sentencias por crímenes de lesa humanidad, mientras que 373 por delitos comunes: 195 por abusos sexuales, 143 por violación, 40 por homicidios y cinco por parricidios. Además, hay más de 10.000 casos que tienen alguna enfermedad crónica.

También, existen 1.984 personas privadas de libertad que tienen algún tipo de discapacidad: 1.852 hombres y 132 mujeres. Del total, un 6,9% está en prisión por torturas, malos tratos, genocidio y crímenes de lesa humanidad; un 5,1% por delitos sexuales; un 4,7% por delitos funcionarios; un 4,2% por homicidios y un 4,1% por lesiones.

Tras la votación, Jaime Gajardo, ministro de Justicia de la Administración de izquierdas de Gabriel Boric, señaló la noche de este miércoles, visiblemente afectado, que se trata de “un día negro para la democracia” pues el proyecto —falta la tramitación en particular— “va en contra de lo que ha hecho nuestro país en materia de derechos humanos” y “”vuelve a victimizar a los familiares de miles de personas que fueron víctimas de la dictadura militar”.

Durante la tramitación de la iniciativa, la postura de la cartera de Justicia ha sido de rechazo.

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rasco

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