El Supremo propone al Gobierno una reforma para sancionar el abandono a personas con discapacidad física permanente

El Tribunal Supremo ha propuesto al Gobierno reformular el concepto de vulnerabilidad que figura en el Código Penal para que se pueda sancionar el delito de abandono a personas con discapacidad física permanente. Los magistrados han planteado esta propuesta tras haber tenido que absolver a una mujer que había sido condenada por desatender a un hombre que estaba bajo sus cuidados y que padecía un importante deterioro físico.

El Pleno de la Sala de lo Penal ha dado la razón a la mujer porque el artículo 229 del Código Penal en su redacción actual limita su ámbito de protección a los menores de edad y a las personas con discapacidad mental o intelectual. Este tipo penal deja fuera los supuestos de discapacidad exclusivamente física, incluso cuando se generan situaciones extremas de dependencia y vulnerabilidad.

El Supremo actúa bajo el amparo del artículo 4.2 del Código Penal que permite a los tribunales poner de manifiesto al Gobierno la necesidad de abordar una reforma legislativa cuando considera que la respuesta penal prevista por la ley es insuficiente.

Los magistrados activan el mecanismo recogido en la ley al considerar que, en este caso, tuvo lugar “una situación de vulnerabilidad y dependencia” que no encaja en las exigencias que recoge el Código Penal, ya que no reúne “los indicadores de discapacidad intelectual o mental precisados en la norma”. Según el tribunal, el mencionado artículo de la ley solo protege frente de abandono a los menores y a las personas con discapacidad mental o intelectual.

Para el Supremo, este caso evidencia “la necesidad político-criminal de una reordenación y revaluación sistemática y coherente del tratamiento penal de la vulnerabilidad”. Así las cosas, asegura que “echa de menos” una categoría normativa de “vulnerabilidad victimal” que supere las actuales “ambivalencias e incertezas interpretativas derivadas de las numerosas categorías normativas” que se utilizan: “persona desvalida, vulnerable, especialmente vulnerable, con discapacidad o con discapacidad necesitada de especial protección”.

El tribunal incide en que ello serviría para evitar “injustificadas impunidades” y permitir que la norma penal “cumpla la función de protección de las personas más débiles, por ser más vulnerables, frente a los ataques más graves a los bienes jurídicos individuales”.

En este sentido, subraya que la distinción entre discapacidad física e intelectual “puede en algunos supuestos justificar mayores o distintos mecanismos de protección y de respuesta punitiva”, pero “en otros puede generar inconsistentes resultados de impunidad o de menor protección”.

Los magistrados entienden que no puede cuestionarse que hay situaciones de discapacidad física que —por sus efectos sobre los niveles de autonomía y posibilidad de autoprotección personal— generan “una tasa de vulnerabilidad tan alta, al menos, como la discapacidad intelectual o mental”. A su juicio, ello “obligaría a establecer iguales o similares niveles de protección penal”.

Así las cosas, el tribunal alerta de que, “precisamente”, la “exclusión” de las personas con graves discapacidades físicas invalidantes del artículo 229 del Código Penal es un ejemplo de “injustificada discriminación en términos de protección penal”.

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