Universidades a la deriva: civismo sacrificado en el altar de la laxitud

Hoy en día se habla mucho de educación cívica en las escuelas. Esta cuestión, llevada a primer plano por los jóvenes miembros del CAQ, ha surgido con fuerza en este inicio parlamentario, un momento crucial para abordar los problemas que aquejan a nuestro sistema escolar. Las historias de intimidación, falta de respeto a la autoridad de los docentes y peleas repetidas en nuestras escuelas son ahora algo común. Está claro que ya no podemos mirar hacia otro lado. Debemos actuar con prontitud y eficacia para frenar esta preocupante tendencia que está socavando el aprendizaje y el equilibrio de nuestras clases.

McGill

Sin embargo, al centrarnos en las escuelas primarias y secundarias, a menudo nos olvidamos de mirar lo que sucede en nuestras universidades. Estos lugares de educación superior, supuestamente santuarios del conocimiento y la reflexión crítica, también enfrentan una crisis cívica. En las últimas semanas, varios campus universitarios han sido escenario de vandalismo, desorden y perturbaciones. McGill, por ejemplo, vio a los manifestantes saquear sus instalaciones, llegando incluso a arrancar el césped del campus, un acto que demuestra no sólo una flagrante falta de respeto hacia la institución, sino también un deseo de desestabilizar la vida estudiantil.

Inaceptable

¿En qué mundo es esto aceptable? ¿Dónde está escrito que es normal tolerar que grandes agitadores y matones, plenamente conscientes de sus actos, puedan perturbar el funcionamiento de una universidad sin sufrir consecuencias? Si el acoso en las escuelas es responsabilidad de la dirección y de los padres, el acoso que se produce en nuestros campus debe ser abordado por los rectores y, si es necesario, por la policía.

Sin embargo, está claro que brillan por su ausencia. Con demasiada frecuencia, los rectores parecen pasivos, incapaces de tomar medidas concretas para restablecer el orden y garantizar un clima propicio para los estudios. En cuanto a las autoridades policiales, es igualmente preocupante su inacción ante tales excesos. Ante esta laxitud generalizada, es legítimo preguntarse si los responsables, ya sean administrativos o de seguridad, no deberían cuestionarse. Deberían avergonzarse de su inercia, porque la educación cívica no sólo se enseña en las escuelas primarias; también hay que exigirlo y defenderlo en nuestras universidades.