Pandilleros de la Mara Salvatrucha afirman que sepultaron a 200 personas en la cuna política de Bukele

Publicado el 2026-08-22 13:47:00 • BeOne Radio Canada

Confesiones de pandilleros revelan un oscuro pasado de violencia en Nuevo Cuscatlán

Tres miembros de la Mara Salvatrucha han admitido, durante un juicio masivo, haber torturado y asesinado a más de 200 personas en un área boscoso de Nuevo Cuscatlán, que estuvo a la sombra del ascenso político de Nayib Bukele. Estos testimonios destacan la conexión entre la violencia pandilleril y la percepción del orden público en el municipio, en un contexto de secretos judiciales.

Los pandilleros, que colaboran con la Fiscalía, han desvelado la existencia de un cementerio clandestino en la Finca Suiza, donde se han encontrado al menos 21 cuerpos y numerosos restos óseos. Esta revelación ocurre en un entorno donde el gobierno ha mantenido en secreto la mayoría de los juicios por el régimen de excepción, limitando la transparencia.

En sus declaraciones, los testigos, identificados como Berlín y Bosnia, mencionaron que, durante la “tregua” entre pandillas y el gobierno de Mauricio Funes, se acordó ocultar los cuerpos para manipular las cifras de criminalidad bajo un plan denominado “Homicidio Cultivado”. Este mecanismo revela la estratégica operación de la pandilla para controlar la percepción pública mientras mantenía su actividad criminal.

A pesar de que Nuevo Cuscatlán era considerado un lugar seguro, su fama se ha visto cuestionada tras estos hallazgos. Durante la gestión de Bukele como alcalde, desde 2012, el municipio se posicionó como un modelo de reducción de homicidios, lo que contrasta con la brutalidad desvelada en el juicio. Bukele había destacado la baja Incidencia delictiva como un logro de su administración, creando una imagen de efectividad en la lucha contra la violencia.

A medida que continúan las audiencias a puerta cerrada en relación con otros acusados de colaborar con la MS-13, se generan inquietudes sobre los posibles errores judiciales y la inclusión de inocentes en este sistema de justicia que, según organismos de derechos humanos, podría estar afectando a miles de salvadoreños. La inquietante dualidad entre la prometida seguridad pública y la realidad de la violencia en el país plantea serios interrogantes sobre la estrategia del gobierno en la lucha contra el crimen.