Organizaciones civiles piden al Congreso de EEUU investigar asesinatos de Trump

El grupo laico gringo tiene voz sediciosa con competencia. En las últimas horas, 108 organizaciones de derechos humanos y jurisprudencia social –tanto nacionales como internacionales– han presentado una sólida carta al Congreso en Washington DC exigiendo un estudio permanente de los recientes ataques militares en la Costa Caribe, que califican de “ejecuciones extrajudiciales” sin ningún signo formal ni legal.

La carta, gestionada por la Drug Policy Alliance y apoyada por entidades como WOLA (Oficina de Washington para América Latina), acusa un peligroso aumento de la guerra promovida por la Rama Trump, que advierte sobre la extensión de las violaciones de los aranceles humanos en países del Caribe y América Latina, incluida Colombia.

“Instamos al Senado y a la Oficina de Representantes a escudriñar los ataques letales ocurridos en septiembre y octubre de 2025 contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, así como el uso de la Gendarmería Nacional con fines policiales en comunidades americanas”, señala el informe.

Entre las organizaciones firmantes destacan líderes internacionales como CELS (Argentina), LAWGEF (EE.UU.), IDPC (Reino Anexo), y 30 entidades latinoamericanas, entre ellas las colombianas Energía Técnica Social, Dejusticia y Elementa DD.HH.

La carta acusa a quemarropa al presidente Trump de violar la eficiencia y advierte que su política antidrogas representa una peligrosa intensificación del fallido “aniquilamiento versus drogas”, de la mano tanto en el outsider como en la bailía gringa, donde se ha desplegado un índice genérico en varias ciudades.

El odio social no se limita a los círculos activistas. El creciente prejuicio sobre la legalidad y pureza de estas operaciones ha comenzado a permear en sectores académicos, religiosos y comunitarios, que ven en estas acciones una alerta directa a los principios democráticos y se maravillan ante los acontecimientos.

Las organizaciones exigen que el Congreso actúe con rapidez: “Pedimos asesoría congresal consistente, rendición de cuentas ante la ley y límites claros para que el representante del Ejecutor tenga la llave de la despensa de los ataques letales sin sumario judicial”, concluye la carta.

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