Noboa contra todos: el cerco al disenso en Ecuador

No habían pasado muchos meses desde que Daniel Noboa llegó al Palacio de Carondelet cuando eligió adversario. No fue un fantasma del pasado ni una figura marginal. Fue Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada y motor económico del país. El duelo era previsible: Álvarez no solo gobierna la plaza electoral más codiciada del Ecuador, sino que llegó a la alcaldía con el respaldo de Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, el antagonista permanente en la política ecuatoriana de la última década, el que impuso los métodos disruptivos de gobernar, una línea que une al pasado y el presente, que fue criticado en ese entonces al igual que ahora.

Con una aprobación del 53,8% en la última encuesta de enero del CIES, —muy por encima de Noboa que ha caído abruptamente a un 36%—, Álvarez ha sido una piedra en el zapato para el mandatario. Hoy, el alcalde, está en prisión.

La pregunta que sobrevuela Ecuador no es jurídica sino política: ¿se trata de un proceso aislado o de un hecho más en un engranaje de concentración de poder?

En los 27 meses de mandato de Noboa se han acumulado episodios que, leídos en secuencia, dibujan una tendencia inquietante: un Ejecutivo avanza sobre los otros poderes del Estado y convierte a la oposición en sospechosa habitual.

Las señales se acumulan. Un Congreso que consigue sumar votos para aprobar leyes sin cumplir todos los procesos de socialización y debate. Un Tribunal Contencioso Electoral que inhabilita a uno de sus rivales en la antesala de la última campaña presidencial. Un Consejo Electoral que evita sancionar al mandatario cuando hacía proselitismo siendo candidato. Una exfiscal general designada embajadora en Argentina mientras aún ejercía funciones en el Ministerio Público, en un periodo en el que las investigaciones de interés para el Gobierno avanzaban con celeridad. Y un Consejo de la Judicatura, el órgano que administra jueces y fiscales, presidido por un funcionario cercano al Gobierno.

A Álvarez lo investigan por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Es el segundo caso abierto en su contra; el primero se originó por una denuncia presentada por la Agencia gubernamental de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por una supuesta distribución ilícita de combustibles que golpea a su empresa familiar. La información que ha hecho pública la Fiscalía es que la investigación arrancó de una denuncia anónima, y que existe “un entramado empresarial que habría sido creado para vulnerar la seguridad del Estado”. Según la defensa de Álvarez, el segundo caso se desprende de los mismos hechos del primero. Y denuncia opacidad: falta de acceso completo al expediente, audiencias sin público ni prensa y la filtración —desde la fuerza pública— del video del operativo de captura, ejecutado de madrugada, con el alcalde y su familia en pijama, manos en alto sometidos ante agentes con armas. La escena fue difundida antes de que comenzara la audiencia.

Que Álvarez sea culpable o inocente corresponde a un tribunal. Pero la desconfianza se alimenta de otro clima: la percepción de que el poder judicial ha ido inclinándose hacia el Ejecutivo. El analista Pedro Donoso sostiene que Noboa “está jugando a lo grande”. “Mientras los defensores de los derechos humanos y todos los analistas se espantan por la concentración de poder, esa es justamente la estrategia de Noboa: concentrar el poder y mostrar al país que lo está haciendo”, afirma. La apuesta, añade, es de realpolitik: pagar un costo en popularidad para consolidar un control más profundo del aparato estatal. “La clave está en la política del miedo. Si logra que fiscales, jueces y hasta la Corte Constitucional no se atrevan a cuestionarle, el camino queda despejado”, mantiene Donoso.

Pero la estrategia también conlleva riesgos para el presidente, porque aunque se instaure una política de terror y se anulen las voces críticas, añade el analista, no resuelve los problemas del país. “Meter preso a Aquiles Álvarez no resuelve que la gente no tenga medicinas en los hospitales, ni tampoco que hayamos tenido el año más violento de la historia”.

Los antecedentes pesan. El 5 de abril de 2024, Noboa ordenó a fuerzas especiales irrumpir en la Embajada de México en Quito para…