fbpx

La polémica ley de ciberseguridad que aprobó Cuba – Latinoamérica – Internacional

Written by on August 21, 2021



El régimen cubano aprobó esta semana una nueva normativa que tipifica delitos como los de “subversión social” y difusión de noticias falsas en internet, así como el ciberterrorismo. Este decreto, que ha sido legitimado por el Gobierno de isla como un marco regulatorio de las telecomunicaciones, ha sido criticado y calificado por organizaciones internacionales como una ley que atenta contra la libertad de expresión.

La entrada en vigor se produce un mes después de las históricas protestas antigubernamentales pacíficas que se dieron el 11 de julio en el país, un factor clave para entender el contexto sociopolítico en el que entra en vigor este decreto, según analistas.

“Lo interesante de esta ley y sus resoluciones es el momento en que se publican. Por un lado, están las protestas de 11J; muchas de estas movilizaciones fueron difundidas por redes sociales (…). Otro de los factores que pudieron haber influenciado para que entrara en vigor es la iniciativa de Estados Unidos que busca un mayor acceso de internet en Cuba. Todo esto podría ser una respuesta del régimen cubano”, le dijo a EL TIEMPO Alan Zamayoa, analista político de la firma Control Risk.

En la isla, la entrada del internet ha sido tardía con respecto a otros países de la región. Como recuerda Zamayoa, el internet móvil, por ejemplo, se empezó a introducir para la ciudadanía en 2018. En ese sentido, el decreto ley 35 de 2021 establece básicamente un marco regulatorio de las telecomunicaciones en Cuba, como el que tienen la mayoría de países. Sin embargo, lo que causó polémica internacional fue la resolución 105 introducida en la ley.

(Lea además: Una semana después del sismo, Haití espera evitar errores del 2010)

El reglamento establece 17 delitos de ciberseguridad, que van de niveles de “peligrosidad” baja, media, alta y muy alta. Se atribuye peligrosidad muy alta, por ejemplo, a “pretender alterar el orden público” o “promover la indisciplina social” en internet.

Entre los comportamientos de “alta” peligrosidad en la red destaca la difusión de “contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”, así como la divulgación de noticias falsas y difamación con impacto en el prestigio del país.
En diálogo con la agencia Efe, el jurista cubano Eloy Viera dijo que la nueva normativa “se usará para justificar lo que hasta hoy han sido actuaciones ilegales, desde los cortes selectivos de servicio telefónico a activistas y periodistas”.

Viera aludió así a las protestas de hace un mes, en las que las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de movilizar a los miles de ciudadanos que salieron a las calles en todo el país para pedir libertad y mejores condiciones de vida en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.

El Gobierno tomó la medida extrema de bloquear internet, dejando sin conexión a millones de cubanos durante una semana. “Si se reproduce mañana una nueva manifestación, las autoridades del Ministerio del Interior tienen la posibilidad de pedir a Etecsa (la empresa encargada) que corte el servicio de internet. Con el decreto 35 será legítima una técnica que el Gobierno ha venido usando hasta ahora de forma ilegal”, ilustró el abogado.

Crítica y defensa

A la medida decretada por el régimen cubano le llovieron las críticas. Por un lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves el decreto. El hondureño Jorge Canahuati, presidente de la SIP, lo tachó de “nueva estocada contra la libertad de expresión”, una normativa elaborada con “lenguaje ambiguo que impone mayores límites en redes sociales”.

Canahuati destacó que “estas (las redes sociales) se han convertido en el principal medio que usan los ciudadanos para difundir y consumir información”.

Por su parte, Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, manifestó en Twitter su preocupación ante el marco normativo.

(Le puede interesar: Fiscalía de Bolivia acusa por ‘genocidio’ a la expresidenta Áñez)

“La Relatoría manifiesta su preocupación frente a las nuevas regulaciones recientemente aprobadas por el Gobierno en materia de telecomunicaciones y ciberseguridad, que contendrían disposiciones contrarias a estándares interamericanos sobre #LibertadExpresión en internet”, escribió Vaca.

El anuncio también cayó como una bomba en las redes sociales, donde numerosos usuarios y organizaciones acusan al Gobierno de tratar de acallar y procesar a las voces críticas. Los detractores de las nuevas medidas.

“Tenemos derecho a disentir y a expresarlo”, dijo en un tuit @SailydeAmarillo, una emprendedora cubana.

La periodista independiente Luz Escobar también tuiteó: “#NoAlDecretoLey35 #SOSCuba”, una etiqueta que se viralizó rápidamente en esa red social.

Pero en la otra orilla, las autoridades cubanas han emprendido una campaña para legitimar el nuevo marco regulatorio de internet. Este decreto “amplía la posibilidad de trabajar ante cualquier incidente de ciberseguridad” y “el mal uso de las tecnologías en el ciberespacio”, le dijo a la agencia AFP el viceministro de Comunicaciones, Wilfredo González.

Al defender el derecho de su gobierno de regular el uso de internet, González destacó que la nueva norma da a los cubanos la posibilidad de “proteger sus datos personales”, “su intimidad”, así como la de “no permitir que nadie tergiverse la verdad, que nadie denigre sobre un funcionario de nuestro país y nuestro proceso revolucionario”.

Además, el régimen también ha dicho que busca movilizarse ante una eventual movida de Washington que les dé internet a los cubanos.

A propósito, el Senado de Estados Unidos aprobó una enmienda para movilizar recursos para esta iniciativa. Lo cierto es que esto aún está en papel y todavía le falta la aprobación de la Cámara Baja y establecer cuál sería el método para hacerle llegar internet a la isla.

‘Internet paralela’

Estados Unidos lo que quiere es brindar una internet paralela a nuestro país (…), y realmente nosotros no vamos a permitir esa injerencia”, dijo el viceministro González. En medio de este debate, la otra pregunta que surge es si existe posibilidad con este decreto de que haya nuevas protestas en Cuba como las de 11 de julio.

“Estas nuevas tecnologías han sido una bocanada de aire fresco para los grupos contrarios del Gobierno porque antes organizarse era más difícil. Desde el año pasado, con estas plataformas conocimos cómo está la situación del covid-19 en la isla, la falta de alimentos, medicinas, y eso está tratándolo de controlar el Gobierno cubano”, acotó Zamayoa.

Sin embargo, el analista explica que este decreto busca perfeccionar las técnicas de control y vigilancia del régimen en la isla. “Ahora cada vez más personas tienen acceso a redes sociales. Y para el régimen va a ser complicado tener un control. Durante estos años, (los activistas) en Cuba han logrado evadir o escabullirse del escrutinio usando herramientas como VPN (que encripta la conexión). Eventualmente estos grupos opositores encontrarán la forma de seguir organizando a través de estos servicios”.

(Lea además: Viaje mortal de un paracaidista en Brasil)

El internet móvil se ha convertido en el gran aliado de las organizaciones ciudadanas, periodistas y activistas para expresar sus demandas. Según datos oficiales, más de 7,7 millones de cubanos, es decir, el 68 por ciento de la población, acceden a internet. Sin embargo, el Índice Chapultepec 2020, una herramienta de la SIP sobre libertad de expresión en el ecosistema digital, pone a Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, entre los países cuyos gobiernos censuran el espacio digital a través de bloqueos, ‘hackeos’ y amenaza de sanciones penales.

* Con información de AFP y Efe

EE. UU. aplica más sanciones a funcionarios cubanos

Washington sancionó esta semana s a tres altos funcionarios de Cuba, en la cuarta ronda de medidas punitivas en respuesta a la “violenta represión” de las manifestaciones que estallaron el 11 de julio. Roberto Legra y Andrés Laureano González, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y Abelardo Jiménez, del Ministerio del Interior, fueron incluidos en la lista negra del Tesoro. “Seguiremos responsabilizando a quienes permitan al Gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
Agencia / AFP / Washington

Otras noticias de la región:



Source link


Current track

Title

Artist