La fiscal general accede a la petición del Gobierno de investigar la difusión en redes sociales de pornografía infantil creada con IA

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha accedido a la petición del Gobierno de investigar la difusión de pornografía infantil generada por Inteligencia Artificial (IA) y difundida por redes sociales, ordenando “reforzar” las pesquisas sobre este tipo de delitos, que ya se indagan en algunas fiscalías territoriales. La jefa del ministerio público ha dado este paso tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala, que también se ha mostrado a favor, de acuerdo con las fuentes fiscales consultadas por .

Según ha informado la Fiscalía General del Estado, Peramato, que en los próximos días enviará su resolución razonada al Gobierno, encomendará esta labor a la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, que investiga habitualmente delitos en entornos digitales. Las fuentes detallan que la fiscal coordinadora de la materia, Elvira Tejada, ha propuesto tres vías de actuación concretas que han recibido el aplauso unánime de la Junta de Fiscales. La primera pasa por ahondar en las investigaciones abiertas en las fiscalías territoriales para analizar la posible responsabilidad de las plataformas digitales. En segundo lugar, ha apostado por colaborar con la Fiscalía francesa, que ya tiene abierta una investigación contra X y se ha ofrecido a remitir a España la documentación e información que afecte a nuestro país. Y, por último, ha aconsejado abrir un procedimiento en España para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recaben de fuentes abiertas material de abuso de menores elaborado y difundido por las plataformas digitales y que se proceda a su investigación.

De acuerdo con las mismas fuentes, el fiscal de Cooperación , Francisco Jiménez Villarejo, ha propuesto que la Fiscalía dé una respuesta global con todo tipo de acciones, incluidas las de consumidores y usuarios y de protección de datos, así como crear un equipo conjunto de trabajo dentro del ministerio fiscal para este fin. Además, la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal ha abogado por completar las medidas penales con las contempladas por la propia ley del menor para protegerlos. Varios fiscales también han planteado remitir al Gobierno propuestas de reforma legislativa en el marco penal.

Fue el pasado 17 de febrero cuando el Gobierno acordó invocar el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que interviniera en este asunto. Es una vía pocas veces transitada pero que permite al Ejecutivo “interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”. El único requisito que impone es que, antes de decidir, la jefa del ministerio público debe escuchar a la Junta de Fiscales de Sala, el cónclave que reúne a la cúpula de la institución.

En concreto, el Gobierno pedía a la Fiscalía que ejerciera “las acciones penales que considere oportunas y establezca criterios de actuación y mecanismos que permitan a las víctimas, así como a sus tutores y representantes legales”, defender sus derechos ante la Fiscalía.

Combatir la “impunidad” en redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que acudiría a la Fiscalía mediante un mensaje en X, una de las redes sociales, junto a TikTok y Meta, a las que señaló directamente por “la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA”, en referencia a los programas informáticos capaces de crear imágenes falsas de menores de carácter sexual (deepfakes).

En la misiva dirigida a la Fiscalía, el Ejecutivo argumentó que la responsabilidad de los delitos cometidos va más allá de los usuarios individuales de las redes que los cometen porque “también podría haber responsabilidad penal dentro de las plataformas por el dominio que ejercen sobre los contenidos”, aludiendo así a las propias herramientas de inteligencia artificial integradas en ellas, como Grok en X y Meta AI, y al modo en que los algoritmos de esas plataformas favorecen unos contenidos sobre otros.

El Gobierno enmarcó esta decisión, que se apoya en un informe técnico elaborado conjuntamente por los ministerios de Presidencia, Transformación Digital y Juventud, en la necesidad de combatir “la impunidad” presente en las redes sociales. El Ejecutivo describió “un entorno digital que considera caracterizado por la impunidad y la tolerancia hacia prácticas delictivas que ponen en riesgo la intimidad, la…