Iris Marín, defensora del Pueblo de Colombia: “Hay zonas del país donde prima la gobernanza criminal”

Era un evento sencillo. El senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay subió el pasado 7 de junio a una tarima improvisada en el parque de El Golfito, en el barrio bogotano de Modelia, y tomó el micrófono para presentar sus propuestas de salud y para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Dos disparos a la cabeza y uno más en la rodilla izquierda interrumpieron en seco el discurso. Tras permanecer dos meses en estado crítico, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto. No habían comenzado todavía formalmente las campañas en Colombia, pero fue un aviso de lo que estaba por venir.

Tan solo en febrero pasado, tres secuestros cimbraron al país: el de la senadora indígena y ahora candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué; el de Andrés Vásquez, candidato al Senado; y el de Ana Guetio, aspirante a ocupar una de las llamadas curules de paz, escaños específicamente creados para garantizar la representación de las víctimas de la violencia. Al final, todos fueron liberados en cuestión de horas. Además, ese mismo mes fueron acribillados dos escoltas del senador Jairo Castellanos. Y el pasado 4 de marzo, cuatro días antes de las elecciones legislativas, la aspirante a diputada María Bolívar Maury denunció que su convoy fue atacado a tiros.

“Estamos ante el proceso electoral más violento desde la firma del acuerdo final de paz de 2016, pero no de los últimos 20 años porque antes hubo mucha violencia también”, afirma Iris Marín (Bogotá, 48 años), defensora del Pueblo de Colombia, en una entrevista durante un viaje de trabajo por Madrid el pasado miércoles. En plena resaca electoral por las legislativas y mientras el país sudamericano se debate entre la continuidad o el cambio de cara a la primera vuelta presidencial de mayo próximo, Marín desentraña el complejo fenómeno de la violencia política, pone el acento en los grupos más vulnerables y llama a la concordia a todas las fuerzas en liza.

“Nuestra principal preocupación es la libertad de los votantes y para hacer campañas en ciertas regiones”, comenta Marín sobre los desafíos rumbo a las presidenciales. A las amenazas y atentados contra los aspirantes se suman las presiones e intimidaciones que enfrenta la población, sobre todo en las partes del territorio más afectadas. “Hay zonas donde prima la gobernanza criminal y que las instituciones del Estado no son capaces de controlar”, asegura. “La población de esas zonas no puede participar en igualdad de condiciones que el resto”, agrega. La violencia no impacta igual a todos: las mujeres y los aspirantes a las curules de paz son quienes corren mayores riesgos, explica la defensora.

“Los grupos armados se han venido fortaleciendo, no solo durante ese gobierno, sino en los últimos seis años”, señala Marín. La funcionaria apunta a la expansión territorial de estas organizaciones y a un mapa criminal cada vez más fragmentado como dos de los principales factores detrás de la violencia. Lo que está en juego para las fuerzas criminales en las elecciones es mantener el control que tienen sobre esos territorios. “Necesitan la gobernanza territorial para mantener su control sobre la población y el dominio de los recursos y de las economías legales e ilegales”, afirma. “No importa que los candidatos sean de derecha o de izquierda”.

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rasco

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