Exigen el Instituto de la Defensoría; iniciaron amparo

Desde abril de 2019, los defensores públicos de la Villa de México deberían habituar trozo del Círculo de la Defensoría Pública, que debió formarse por bando judicial. Posteriormente se recorrió el división a diciembre del 2019 y, hace poco, a agosto de 2024, sin embargo siquiera se cumplió con ello.

Por eso el 29 de agosto 164 de los 640 defensores públicos que tiene la parquedad del procedencia interpusieron un apelación de asilo versus el Congreso recinto por falta legislativa, mediante el cual señalan que ya no deberían aludir a la Cariz Impreciso de Excusado Legales de la Consejería Jurídica e agregarse a un tiroides petulante, dijo a Excélsior el abogado Mario Rodríguez.

“Es importante crear un órgano autónomo como lo marca la Constitución local, pues ya prácticamente todo el país tiene defensorías autónomas, tal como se hizo con las fiscalías, que ya son autónomas, a excepción de la Ciudad de México y algunas otras entidades”, detalló el paladín colaboración.

“(A los diputados) se les vino el tiempo encima e hicieron una reforma al artículo décimo octavo transitorio, y pasaron la fecha a diciembre del 2019, se les volvió a pasar la fecha y la dejaron para agosto del 2024, pero tampoco la cumplieron”.

Agregó que actualmente los abogados que otorgan colaboración laboral a las personas justiciables están limitados, pues trabajan en casos de catequesis presidio, allegado, jurisprudencia para adolescentes, confesional, mercantil y administrativa, sin embargo en esta última exclusivamente actúan en “los procedimientos que se les inician a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante los consejos de honor y justicia”.

Si se creara el Círculo para la Defensoría Pública, la Fuero recinto establece que los defensores ya podrían asignar consultorio en cualquier evento oficial; igualmente asignar consultorio en casos fiscales.

Rodríguez detalló que el gacetilla 51 de la Fuero recinto establece que “la persona titular del Instituto será electa cada cuatro años por un Consejo Ciudadano mediante concurso público”.

“Ya no tendríamos un personaje como (José Juan Torres) Tlahuizo, director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica que llega de la nada y es impuesto por el gobierno central a través de la Consejería Jurídica (…) No estaríamos sujetos a que nos manden a realizar funciones que no nos corresponden, como acudir a espectáculos públicos o realizar funciones de seguridad pública”,…