El Supremo investigará a Alvise por un delito de amenazas al alcalde de Algeciras

El Tribunal Supremo ha abierto una causa al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, por supuestamente amenazar al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La Sala Penal ha tomado esta decisión tras recibir una querella de Landaluce en la que denunciaba que Alvise había anunciado que, si no dimitía como alcalde, publicaría en Telegram audios, documentos y capturas de conversaciones en las que se atribuían al alcalde comportamientos delictivos o deshonrosos. Esta es la quinta causa que abre el Supremo al líder ultra.

La Sala Penal investigaba ya a Alvise por recibir, supuestamente, 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas para su campaña para las últimas elecciones europeas; por difundir una prueba falsa de covid del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad Salvador Illa; por amenazar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert; y por supuestos delitos de revelación de secretos y acoso a Diego Solier y Nora Junco, dos eurodiputados que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 con la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF) y que han abandonado la formación la formación.

El Supremo ha tomado ya declaración como investigado a Alvise por estos cuatro casos, pero el avance de la investigación está pendiente de que el Parlamento Europeo levante la inmunidad de la que goza el líder ultra como diputado. La Eurocámara ha empezado ya a tramitar ese permiso, el llamado suplicatorio, para en dos de estas causas, pero todavía no se ha resuelto, lo que impide al Supremo profundizar en la investigación de Alvise o adoptar medidas cautelares sobre él.

La causa abierta ahora parte de una querella presentada por el alcalde de Algeciras después de que el líder ultra difundiera, los días 17 y 18 de diciembre del año pasado, mensajes en los que amenazaba a Landaluce con publicar supuestas pruebas de agresiones o acoso sexual, irregularidades en la gestión de fondos públicos e incluso un supuesto homicidio cometidos por el alcalde o su entorno. Un juzgado de Algeciras instó a Alvise hace unas semanas a borrar esas publicaciones a raíz de una denuncia registrada por Landaluce, pero el alcalde presentó además una querella en el Supremo contra el líder de SALF por un presunto delito de coacciones y, con carácter subsidiario, de amenazas condicionales.

Tras examinar el escrito, la Sala Penal ha acordado investigar al líder de SALF por este segundo delito. “El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales del artículo 169.1 del Código Penal”, señalan los magistrados. El instructor de esta causa será, por turno de reparto, Antonio del Moral.

Para el Supremo, de los mensajes reproducidos en la querella se desprende, indiciariamente, que el querellado habría anunciado “de forma expresa y reiterada” la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían a Landaluce comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, “vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión del querellante de su cargo de Alcalde”.

Según el auto de la Sala Penal, “la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación” permiten apreciar elementos objetivos característicos del artículo 169.1 del Código Penal. Los magistrados no ven, en cambio, indicios del delito de coacciones, aunque deja la puerta abierta a reconsiderar esta postura a lo largo de la instrucción.