El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos, incluidos malversación y tráfico de influencias tras una polémica instrucción

Publicado el 2026-04-13 10:33:00 • BeOne Radio Canada

Título: Begoña Gómez, esposa del presidente español, procesada por varios delitos

La esposa del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez, ha sido procesada por cuatro delitos de gravedad, lo que marca un hito en la política española. La decisión del juez Juan Carlos Peinado llega en un contexto de creciente controversia y bajo la mirada atenta de la opinión pública.

Gómez enfrenta acusaciones de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. La investigación se ha prolongado durante dos años, y el juez determinó que Gómez habría utilizado su relación con Pedro Sánchez para obtener ventajas en su carrera académica, particularmente en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El juzgado ha decidido llevar a juicio no solo a Gómez, sino también a otros dos implicados: su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Esta causa se originó tras una denuncia presentada por Manos Limpias, que se amplió gracias a querellas de Hazte Oír y Vox, reflejando un panorama judicial tenso.

En una vista reciente, el juez Peinado notificó que, de avanzar a juicio, el caso será evaluado por un jurado popular. Las defensas de Gómez argumentaron que no existían pruebas suficientes para continuar con el caso, mientras que las acusaciones populares pidieron que se mantuviera la investigación.

Peinado, en su auto, destaca hasta 12 indicios que fundamentan la acusación de tráfico de influencias. Entre ellos se encuentra la creación de una cátedra para Gómez, impulsada, según el instructor, por decisiones tomadas desde la presidencia del Gobierno tras su llegada al poder.

La resolución judicial ha generado reacciones en La Moncloa, donde fuentes han expresado su indignación por la forma en que se conecta la publicación de decisiones judiciales con viajes oficiales de Sánchez. La situación ha suscitado un debate sobre la utilización de recursos públicos y la ética en la administración.

Las partes involucradas ahora tienen un plazo de cinco días para presentar alegaciones, mientras el país espera con interés el desarrollo de este caso judicial que involucra a la familia del presidente.