Detenido un ex-coordinador de fútbol infantil en Barcelona por presuntas agresiones sexuales a menores

Los Mossos d’Esquadra han detenido por tercera vez este viernes a un ex-coordinador de fútbol infantil de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) por presuntas agresiones sexuales a menores cometidas cuando trabajaba en esta entidad deportiva, no necesariamente en sus instalaciones, de la que fue posteriormente apartado.

El ex-entrenador del Unificación Club de Fútbol (UCF) de Santa Perpètua de Mogoda, de 28 años, ya había sido detenido en dos ocasiones como presunto autor de dos delitos de agresión sexual, aunque se investigaba si había agredido al menos a otras cuatro menores del equipo femenino de fútbol infantil de esta localidad.

La primera de las detenciones se produjo el 11 de enero de este año, después de que una joven denunciara ante los Mossos que había sido víctima de una agresión sexual nueve años antes, en el año 2014, y la segunda fue el pasado 17 de abril, cuando otra menor denunció que había sido objeto también de una agresión sexual en diciembre de 2022.

La policía catalana estaba investigando otras presuntas agresiones sexuales cuando ha detenido por tercera vez al hombre, aunque en esta ocasión por unos nuevos hechos que no están relacionados con los otros dos casos denunciados con anterioridad, sino que afectarían a una nueva víctima.

Tras su arresto esta mañana, el presunto autor de estas agresiones sexuales se halla ahora en las dependencias de la comisaría de los Mossos de Sabadell (Barcelona), a la espera de pasar a disposición judicial en los próximos días. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras su primera detención el juzgado número 4 de Mollet decretó libertad provisional para este exentrenador en un causa abierta por agresión sexual a menor de 16 años de edad.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sabadell, que instruye la causa de la segunda de las denuncias, decretó en abril tras su segundo arresto libertad provisional, con las medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio, orden de alejamiento de mínimo 1.000 metros de la víctima y de incomunicación con ella por cualquier vía.

Además, ordenó una inhabilitación especial para la realización de cualquier profesión, oficio o actividad, remunerada o no, que suponga un contacto regular y directo con menores de edad. Estos dos casos los instruyen partidos judiciales diferentes, ya que las agresiones sexuales se habrían producido en lugares distintos.