De qué se tratan los indultos para los independentistas catalanes – Europa – Internacional

Written by on September 23, 2020



El gobierno español anunció en el Congreso la decisión de tramitar las solicitudes de indulto de los independentistas catalanes presos en la actualidad. Los políticos fueron condenados a prisiones de entre 9 y 13 años, tras haberse demostrado su participación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre de 2017.

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La acción de los independentistas llevó a la cárcel a altos funcionarios de la administración pública catalana; entre ellos al vicepresidente Oriol Junqueras y a Carme Forcadell, expresidenta del parlamento catalán. Fueron acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de dineros públicos y están en prisión desde finales de 2017.

El entonces presidente de la comunidad (departamento) de Cataluña, Carles Puigdemont, máximo defensor del independentismo, huyó de la justicia española y se refugió en Bélgica, donde aún permanece.

En enero de este año los condenados presentaron las solicitudes de indulto, pero el asunto no se había abordado debido a que el ejecutivo se hallaba en interinidad y el país estaba golpeado por la pandemia del coronavirus.

Según el ministro de justicia, se trata de un trámite normal, regulado por la ley, que debe acatarse sin excusas. De hecho, los grupos catalanes independentistas asumieron la noticia con frialdad, pues señalaron que es un asunto administrativo, sin connotación política.

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No obstante, para los partidos de oposición de derecha y extrema derecha -Partido Popular (PP) y Vox- la decisión sí es política, pues vincula el indulto a la necesidad del gobierno de contar con el apoyo de los independentistas en el Congreso para sacar adelante los presupuestos del Estado.

Se trata, aseguran, de un acto contra la legalidad. Para Pablo Casado, líder del PP, “la degradación institucional de España no tiene parangón en nuestro entorno y debe pararse ya”.

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras, líder independentista catalán.

Foto:

Andreu Dalmau / Archivo EFE

A todo esto se suma la intención del gobierno de reformar el código penal, en lo referente a los delitos de rebelión y sedición. En ello

están interesados los grupos parlamentarios separatistas. Según algunos opositores lo que se pretende es rebajar la penas para favorecer a los condenados y aprobar, en este caso, una ley retroactiva. Ambos partidos anunciaron que recurrirán los indultos si llegaran a concederse.

Por su parte, Unidas Podemos, partido de extrema izquierda y socio del gobierno del socialista, sostiene que la iniciativa es constructiva para la solución del problema catalán.

Jaume Asens, líder de este grupo en el Congreso, dijo que hay que continuar el diálogo con los independentistas y cuidarlo de sus enemigos que “están a un lado y otro”, en clara alusión al PP, Vox y Ciudadanos.

El estudio del indulto puede tardar entre seis y diez meses, es individual y no necesariamente se concede. Debe pasar antes por el Tribunal Supremo -máximo organismo judicial en España-, pero su informe no es vinculante. Después pasará al fiscal, cuya posición jurídica tampoco obliga al gobierno.

El ministerio de Justicia presentará luego las solicitudes tramitadas al consejo de ministros, que tomará la decisión final, firmada y suscrita por el Rey.

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Los partidos independentistas se inclinan directamente por una amnistía, que favorezca a cerca de tres mil catalanes acusados de separatistas, pero no existe una ley en ese sentido y tendría que ser propuesta y aprobada en el Congreso.

Los independentistas se quejan de que la justicia en España está de lado de los intereses de Madrid y, como prueba de ello, señalan el caso del actual presidente de Cataluña, Quim Torra, a quien se le investiga judicialmente por haber colgado una pancarta en la sede del gobierno regional a favor de los presos durante la campaña electoral.

El líder político se negó a desmontarla a pesar de las órdenes de la Junta Electoral Central. Según la congresista Laura Borrás, portavoz de Juntos por Cataluña, el poder judicial en España no es independiente.

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JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRI



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