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Chile: Proceso de destitución de Presidente de Chile – Latinoamérica – Internacional

Written by on October 17, 2021


En la recta final de su mandato, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se vio salpicado por un escándalo internacional que lo puso contra las cuerdas.

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Las revelaciones de los papeles de Pandora llevaron a que la Fiscalía de su país abriera una causa penal y que legisladores opositores presentaran una acusación constitucional para destituirlo en el Congreso.

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Señalado por la venta de una minera en un paraíso fiscal, los efectos de este nuevo escándalo –en la ya muy polémica carrera de Piñera– prometen tener repercusiones en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre y ratifican la crisis política que arrastran los chilenos desde el estallido social de 2019.

“La acusación contra Piñera agrega un elemento más a esta noción de que el sistema político está en crisis, agravada con la pandemia. Pero (la crisis) viene desde las manifestaciones de 2019, y que después siguió con la aprobación de la Asamblea Constituyente que terminó mostrando que hay una crisis profunda en los partidos tradicionales del país”, le explicó a EL TIEMPO Matías Franchini, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

El reto más cercano para Piñera es su acusación en el Congreso, que debe definirse antes de la tercera semana de noviembre. A mitad de esta semana, parlamentarios de todos los partidos de la oposición, desde los comunistas hasta los democristianos (quienes rara vez se ponen de acuerdo), levantaron el pedido de destitución en la Cámara de Diputados y acusaron al mandatario de haber faltado al principio de “probidad” y de “comprometer gravemente el honor” de Chile.

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La acusación contra Piñera agrega un elemento más a esta noción de que el sistema político está en crisis, agravada con la pandemia

Todo a raíz de que las investigaciones periodísticas de los papeles de Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en las Islas Vírgenes Británicas (un paraíso fiscal), apenas nueve meses después de que asumió su primer mandato (2010-2014).

Según una investigación de los medios locales Ciper y LaBot, parte de Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij), minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo de Piñera, por 152 millones de dólares.

El pago se tenía que hacer en tres cuotas, y el contrato contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera”, como reclamaban grupos ambientalistas.

Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona en que operaría la mina, por lo que se dio vía libre al tercer pago. El Gobierno afirmó que no tuvo conocimiento de ese negocio porque antes de su primera presidencia puso la administración de sus activos bajo fideicomisos ciegos.

Sebastián Piñera, Presidente de Chile.

Sebastián Piñera, presidente de Chile.

Foto:

John Montaño/ EL TIEMPO

Sobre la decisión de los legisladores de introducir este juicio, el Gobierno chileno lo tachó como un cálculo político para influenciar las elecciones del 21 de noviembre. “No habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional”, afirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.

Además, sobre el proceso que abrió la Fiscalía, Piñera se defendió diciendo que esos hechos ya fueron investigados. “Existe un pronunciamiento (de 2017) de las máximas autoridades del poder judicial, que constituye cosa juzgada, en relación con que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del presidente Sebastián Piñera”, indicó en un comunicado la oficina del mandatario. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que no hay “cosa juzgada” porque esta venta no estuvo “expresamente” incluida en esa causa.

La clave está en lo que haga la derecha chilena

La gran pregunta ahora es si prosperará en ambas cámaras del Legislativo el pedido de la oposición. Esta es la segunda vez que enfrenta un pedido de destitución (la primera ocurrió en 2019 durante las protestas, pero no prosperó).

Para Víctor Orellana, analista político chileno e investigador de Nodo XXI, la clave de este juicio estará en lo que haga la derecha chilena en el Congreso. Según él, esta corriente ideológica representada a través de los partidos puede mostrar alguna sorpresa en las votaciones para definir el futuro de Piñera.

“La derecha hoy se encuentra en una crisis. Por lo tanto, es posible que un sector de la derecha vaya a votar a favor de la destitución de Piñera por cálculo de sobrevivencia política”, explicó Orellana, quien hace hincapié en la crisis social de 2019 para explicar por qué la derecha busca esta suerte de salvamento ante la creciente impopularidad.
Por su parte, Franchini considera que por ahora parece improbable que Piñera termine destituido. “Por la configuración del Congreso, no parece un escenario tan fácil”, agregó.

Sin embargo, el analista acotó que todo este proceso será una “mancha” en la presidencia que terminará afectando al candidato oficialista chileno para ese puesto, Sebastián Sichel, quien se encuentra de tercero en los sondeos tras ser desplazado por el ultraderechista José Antonio Kast. “Todo esto pone a la coalición gobernante en una situación complicada”, acotó.

El proceso en el Congreso puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Piñera. El primer paso es instalar una comisión evaluadora integrada por 5 de los 155 diputados, que redactará un informe sobre los hechos y emitirá una resolución no vinculante.

Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, controlada por la oposición. De conseguirse, el proceso pasará al Senado, que actúa como juez y donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente. El objetivo es que el escrito acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la Cámara baja, llegue al Senado antes de las presidenciales del 21 de noviembre.

El episodio de la minera Dominga es el último de una serie de escándalos empresariales que han rodeado durante los últimos 40 años al hábil y millonario mandatario chileno de 71 años. Según la revista Forbes, su patrimonio está estimado en unos 2.700 millones de dólares.

Uno de los escándalos más recordados ocurrió en 2006. En ese entonces, Piñera era accionista mayoritario de LAN, principal aerolínea chilena, y después de recibir un informe financiero que no había sido publicado por la compañía aérea, compró tres millones de acciones. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) no lo investigó por uso de información privilegiada, pero sí lo multó por más de 400.000 dólares.

Lo cierto es que Piñera ha sabido sortear sus crisis. Tanto así que asumió su segundo mandato en 2018. No obstante, su presidencia tomó otro matiz y un giro radical tras el estallido social de octubre de 2019, cuando hubo multitudinarias protestas desatadas por un aumento del pasaje del metro que terminaron por sumar un gran reclamo contra un modelo de libre mercado con ausencia del Estado en educación, salud y pensiones y sin bienestar social.

Esto llevó al proceso constituyente que se aprobó durante su presidencia vía plebiscito. Y en las votaciones para elegir a la comisión encargada de la redacción de la nueva Constitución quedó en evidencia la apatía del electorado hacia los partidos tradicionales.

No obstante, por ahora, todo apunta a que Piñera terminará en marzo su segundo mandato con un alto índice de desaprobación. El mandatario terminó su primer gobierno con una popularidad del 50 por ciento. Hoy su desaprobación es de un 68 por ciento. Sin embargo, esta es la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), publicada previamente a que salieran a la luz los papeles de Pandora. 

REDACCIÓN INTERNACIONAL*
*Con Efe y AFP

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