Audiencia crucial para Trump: los jueces de la Corte Suprema cuestionan la legalidad de los aranceles

Una mayoría del Tribunal Supremo parecía dudar el miércoles de la legalidad de gran parte de los derechos de aduana impuestos por Donald Trump, un importante instrumento de la política económica y diplomática del presidente estadounidense.

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La audiencia, de casi tres horas de duración, se celebró justo un año después de las elecciones que llevaron a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca, desde donde lanzó una ofensiva proteccionista sin precedentes, imponiendo derechos de aduana a todos los países del planeta.

Ante los nueve jueces, seis conservadores y tres progresistas, está en juego la legalidad de su utilización de la ley de emergencia económica IEEPA de 1977 para decretar varios aumentos de derechos de aduana, que luego moduló mediante negociaciones o disputas con los países afectados.

Estos derechos de aduana dan lugar a “la imposición de impuestos a los estadounidenses, que siempre ha sido un poder fundamental del Congreso” y no del ejecutivo, objetó el presidente del tribunal, John Roberts, al asesor jurídico del Gobierno, John Sauer.

“Usted dice que los derechos de aduana no son impuestos, pero eso es exactamente lo que son”, señaló también la jueza progresista Sonia Sotomayor.

“Los derechos de aduana son un incentivo, un medio de presión”, argumentó John Sauer, asegurando que el objetivo era “conseguir que otros países cambien su comportamiento y afronten las emergencias”, y no sacar ingresos de ellos.

Estos impuestos sobre los productos importados generan miles de millones de dólares en ingresos y han permitido obtener de los socios de Estados Unidos promesas de inversión y condiciones más favorables para los exportadores estadounidenses.

“Todos los productos, de todos los países”

“Este presidente ha demolido toda la arquitectura del sistema aduanero”, respondió Neal Katyal, el abogado de las pymes que las impugnan ante los tribunales.

Al adoptar la ley IEEPA, el Congreso nunca tuvo la intención de permitir al presidente “establecer y modificar derechos de aduana sobre todos los productos, de todos los países y en cualquier momento”, dijo.

El juez conservador Neil Gorsuch también se mostró preocupado por la irreversibilidad de una delegación tan amplia de poderes del Congreso como la que el ejecutivo está considerando en este caso.

“Una vez que el Congreso delega sus poderes por mayoría simple y el presidente lo acepta -y por supuesto cualquier presidente firmará una ley que le otorga más poderes- el Congreso no podrá recuperarlos sin una supermayoría”, advirtió.

Donald Trump, quien el martes calificó el mantenimiento de estos derechos aduaneros como una “cuestión de vida o muerte” para Estados Unidos, envió a altos funcionarios a la sala de audiencias.

El ministro de Finanzas, Scott Bessent, estuvo presente, constató un periodista de la AFP.

Donald Trump describe los aranceles como una solución universal a los problemas de Estados Unidos.

Se enorgullece de poder reindustrializar el país, reducir su déficit comercial crónico, obtener ingresos fiscales, negociar desde una posición de fuerza con otros países, pero también -imponiendo impuestos a México, Canadá y China- frenar la crisis del fentanilo, un poderoso opiáceo que mata a decenas de miles de estadounidenses por sobredosis cada año.

Los derechos de aduana en cuestión el miércoles –distintos de los que afectan a sectores específicos, como el automóvil y el acero– fueron declarados ilegales por varias jurisdicciones federales, pero seguían en vigor a la espera de una decisión de la Corte Suprema.

Si se rechaza su apelación, la administración Trump siempre podrá invocar otros textos para imponer derechos aduaneros, aunque con menos flexibilidad.

El Tribunal se pronunciará antes de que finalice su sesión anual a finales de junio, pero su decisión podría llegar rápidamente ya que ha aceptado examinar este caso según un calendario acelerado.

También debe pronunciarse sobre otras cuestiones relativas al alcance de los poderes presidenciales, en particular la destitución de los jefes de organizaciones independientes, en particular en la Reserva Federal (banco central).