Ortega y Murillo imponen en la Constitución la “renovación” de mandato para perpetuarse en Nicaragua sin pasar por las urnas

Publicado el 2026-07-28 14:40:00 • BeOne Radio Canada

Título: Reforma Constitucional en Nicaragua: Ortega y Murillo Afianzan su Control Político

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha presentado una reforma constitucional que busca extender sus periodos presidenciales a siete años renovables, eliminando así la competencia electoral en el país. Esta medida fue anunciada en un contexto donde las autoridades intentan matizar su postura sobre las próximas elecciones tras afirmaciones claras en contra de su celebración.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, hizo el anuncio en el hemiciclo legislativo, donde subrayó el objetivo de lograr “estabilidad” en la administración del Estado. Este discurso se produce apenas un día después de que Ortega comunicara a la comunidad internacional su intención de eliminar las elecciones en Nicaragua.

Porras aseguró que, a pesar de la reforma, sí habrá comicios, aunque estén restringidos a candidatos que el régimen no considere “golpistas” o “vendepatrias”. Esta exclusión genera preocupación entre analistas y opositores, quienes ven en ella una estrategia para facilitar la perpetuación del poder.

La reforma constitucional no solo prolonga el mandato presidencial, sino que también solidifica una estructura que permite que Ortega y Murillo se mantengan en sus cargos sin necesidad de un proceso electoral competitivo. Hasta el momento, el régimen no ha detallado el procedimiento que se utilizará para la renovación de mandatos.

Desde el exilio, el abogado y opositor Juan Diego Barberena considera que esta maniobra legal tiene como propósito desmantelar las elecciones democráticas en el país. Al prorrogar mandatos sin competencia, el régimen aseguraría su permanencia sin necesidad de votaciones reales.

La propuesta también incluye modificaciones que fortalecen las inhabilitaciones contra opositores, restringiendo su capacidad de postularse para cargos públicos. La nueva legislación busca elevar estas prohibiciones al rango constitucional, dándole un respaldo legal más robusto a las acciones del régimen.

En este contexto, el Consejo Supremo Electoral obtendría mayores poderes para cancelar candidaturas y retirar el reconocimiento legal a partidos que no se alineen con los nuevos criterios. Esta medida establece un marco jurídico que permite acciones discretas contra opositores, consolidando así el control total del régimen sobre el sistema político del país.

La reforma abre la puerta a un periodo de continuidad indefinida para el actual liderazgo, dejando a la nación con incertidumbre sobre el futuro electoral. Con este movimiento, Ortega y Murillo buscan, una vez más, blindar su poder bajo la cobertura de la ley.