Comisiones de investigación de Quebec que tuvieron un impacto

El informe final de la Comisión Galante sobre los fracasos de la transformación digital de la Sociedad de Seguros Automovilísticos de Québec (SAAQ) se espera para principios de 2026. Algunos temen que acabe archivado y no provoque ningún cambio. Sin embargo, varias partes interesadas señalan que anteriores comisiones públicas de investigación han demostrado que el ejercicio está lejos de ser inútil.

Antes del 13 de febrero, el comisionado Denis Gallant debe presentar sus conclusiones y recomendaciones al gobierno de Legault para evitar otro “fiasco” de SAAQclic. La implementación de estas recomendaciones puede depender en parte de la voluntad de los políticos.

La experiencia de anteriores comisiones públicas de investigación en Quebec muestra una tendencia a dar seguimiento a las medidas propuestas.

“Creo que desde las últimas comisiones (…) ya no se archivan completamente (los informes) como ocurría antes. Como las audiencias eran públicas, la gente escuchó las pruebas. Así que esperan que salga algo de ello”, dice Martine Valois, profesora de Derecho en la Universidad de Montreal.

Valois es actualmente asesor legal de la Comisión Gallant. También trabajó para la Comisión Bastarache en el proceso de nombramiento judicial y fue miembro de un comité de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Charbonneau sobre la industria de la construcción.

En los dos últimos casos se han producido cambios legislativos importantes, señala.

Otros también han tenido este efecto. Valois señala el trabajo de uno de sus antiguos alumnos de maestría sobre el impacto de las recomendaciones de la comisión en la legislación de Quebec. En su tesis presentada en 2019, Axel Fournier analizó las relativas a la ética y la integridad del Estado durante un período de casi 150 años.

Concluyó que “las recomendaciones de estas comisiones han inspirado unas 40 leyes en Quebec”.

“En este sentido, hemos podido demostrar que las comisiones de investigación son más que un simple ejercicio de relaciones públicas”, escribe Fournier. Sin embargo, añade que 40 leyes es todavía una cifra pequeña en comparación con todo lo que se puede votar durante un año en la Asamblea Nacional.

La presión pública y la cobertura de los medios siguen siendo importantes para evitar que un informe sea archivado. “Cuando el tema ocupa un lugar destacado en la opinión pública, a los gobiernos les conviene implementar las recomendaciones”, dice Denis Saint-Martin, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Montreal.

Para el asesor jurídico Michel Décary, no hay duda de que “el público quebequense se ha beneficiado enormemente” de las comisiones de investigación.

Fue fiscal jefe de la Comisión Johnson encargada de investigar el colapso del viaducto de la Concorde en Laval en 2006. Este trabajo puso de relieve el envejecimiento de la red de carreteras y llevó al gobierno a lanzar un importante programa de inversiones, dice el hombre, que ha participado en varias otras comisiones de investigación durante su carrera.

“Muchas comisiones de investigación tienen en común que han expuesto problemas en el funcionamiento de las instituciones públicas y propuesto soluciones (…) Y, en general, todas han tenido efectos beneficiosos. En consecuencia, en Quebec podemos decir que nos beneficiamos de medidas legislativas y de sistemas que se encuentran verdaderamente entre los más avanzados del mundo”, afirmó Décary, citando en particular la cuestión de la financiación de los partidos políticos.

El profesor de derecho público Nicholas Jobidon, de la Escuela Nacional de Administración Pública, cree también que existe una “correlación” entre la creación de comisiones de investigación y la adopción de normas más estrictas en materia de contratos públicos en Quebec.

“No sé qué fue primero, el huevo o la gallina. (…) Entre los proveedores de Canadá, Quebec tiene fama de tener las normas más avanzadas, complejas y elaboradas. Y en mi opinión, esto se debe en gran medida a nuestra costumbre de sacar a la luz estas prácticas de forma regular”, afirma.

Ejemplo de la Comisión Charbonneau

La comisión para la adjudicación y gestión de los contratos públicos en el sector de la construcción, presidida por el ex juez France Charbonneau, ha contribuido significativamente a cambiar las prácticas.

Hace diez años, ella y el comisario Renaud Lachance presentaron su informe.

En 2018, casi el 70 por ciento de las recomendaciones de la Comisión Charbonneau se aplicaron total o parcialmente, según el último análisis del comité de seguimiento. Una de las medidas clave es la creación de la Autorité des marchés publics, responsable de supervisar la adjudicación de contratos a nivel provincial y municipal.

Lachance, ahora profesor del departamento de contabilidad de HEC Montréal, señala que a través de sus audiencias públicas y recomendaciones, la Comisión Charbonneau también ha provocado un cambio cultural entre ingenieros, proveedores y contratistas.

“Lo que he leído y oído es que, en el sector de la construcción, ha habido claramente un impacto significativo en la cultura organizacional, con un mayor número de postores para contratos públicos, especialmente a nivel municipal”, afirmó en una entrevista el ex Auditor General de Quebec de 2004 a 2011.

Antes de Charbonneau, otras comisiones relativas a la industria de la construcción y a los contratos públicos, particularmente en los años 1960 y 1970, ayudaron a cambiar las prácticas. Entre ellas se encuentran las comisiones Malouf, Cliche y Salvas.

Décary afirma que probablemente será necesario repetir este ejercicio periódicamente. “Porque el entorno se adapta. Hay nuevas reglas, e inevitablemente, la gente busca formas de eludirlas. Y eso obviamente conduce al abuso”, afirma el abogado.

En su informe, la Comisión Charbonneau señaló que “cuando se trata de corrupción y colusión, prevalece la creatividad”.

“Por tanto, sería ilusorio pensar que estos fenómenos pueden erradicarse para siempre. Las cuestiones evolucionan y cada comisión se esfuerza por diagnosticar los fenómenos de su tiempo”, escribieron los dos comisarios.

En el ámbito social, otro tipo de comisiones también han tenido un impacto significativo. Saint-Martin cita la comisión de educación (Parent), que dio lugar a la creación de los CEGEP, y la comisión de los derechos del niño (Laurent), que dio lugar a la contratación del primer comisario para el bienestar y los derechos del niño en 2025.

Reformar la ley

A pesar de estos resultados positivos, la ley sobre las comisiones de investigación, que data de 1869, necesita una “reforma profunda”, afirma Valois.

“Necesitamos darle fuerza a esta ley. No la tiene porque, esencialmente, las disposiciones importantes no han cambiado en 160 años”, dice Valois, que ha publicado un libro sobre el tema.

Sugiere varios cambios, incluido uno destinado a mejorar el seguimiento de las recomendaciones. El profesor propone confiar al Defensor del Pueblo la responsabilidad de monitorear este proceso. El Defensor del Pueblo presentaría periódicamente un informe a la Asamblea Nacional sobre las medidas adoptadas por el gobierno tras una investigación de la comisión.

Teniendo en cuenta las competencias que la ley ya confiere al Defensor del Pueblo en materia de recomendaciones, concederle esta autoridad en materia de comisiones es “casi natural”, según Valois.

Actualmente, el Defensor del Pueblo tiene el mandato de evaluar y monitorear la implementación de los llamados a la acción de la Comisión Viens sobre las relaciones entre los pueblos indígenas y ciertos servicios públicos en Quebec.

Lachance también cree en la necesidad de “una estructura de seguimiento más organizada” para fortalecer la implementación de las recomendaciones. En su opinión, este papel podría recaer en el Comité de Administración Pública de la Asamblea Nacional, donde los parlamentarios podrían debatir las medidas.

“Se trata de una comisión apartidista. Por lo tanto, permitiría un análisis objetivo de las recomendaciones”, que a veces son de carácter político, afirma Lachance.

Valois propone también reforzar los poderes de los comisarios, en particular en lo que respecta a la incautación de documentos. Lamenta también los plazos, a menudo demasiado cortos, concedidos a las comisiones para completar su trabajo, obligándolas a solicitar prórrogas sistemáticamente. Esta situación puede dificultar la búsqueda de la verdad y el desarrollo de recomendaciones, afirma el profesor.

–Este informe de La Presse Canadienne fue traducido por CityNews