El debate inicial sobre la Constitución de Quebec revela posiciones opuestas

El ministro de Justicia, Simon Jolin-Barrette, pudo evaluar la resistencia a su plan de dotar a Quebec de una constitución el jueves, cuando se abrieron consultas sobre el proyecto de ley en una comisión parlamentaria.

Incluso antes de que comenzaran las consultas, más de 300 organizaciones de la sociedad civil se habían reunido para exigir la retirada del proyecto, algunas anunciando su intención de no participar. Luego, en la inauguración, los partidos de la oposición se turnaron para criticar el proyecto del ministro antes de que éste encontrara consuelo en las declaraciones de los primeros grupos, claramente favorables, llamados a declarar.

Primero en Montreal, el grupo encabezado por la Liga por los Derechos y las Libertades, que incluye organizaciones ambientalistas, grupos de libertades civiles, grupos comunitarios y sindicatos, entre otros, dijo que veía en este proyecto de ley “una amenaza a la democracia, al Estado de derecho y al sistema quebequense de protección de los derechos y libertades”, según su declaración conjunta, presentada en una conferencia de prensa.

Sin embargo, la disposición de la ley constitucional que impide que cualquier grupo que reciba financiación estatal cuestione la constitucionalidad de una ley es la cuestión que más preocupa a las partes interesadas. Esta disposición, “que prohíbe a cientos de organizaciones al servicio de la sociedad civil impugnar la constitucionalidad de determinadas leyes, es, en nuestra opinión, un freno que restringe el acceso a la justicia y la capacidad de la sociedad civil de ejercer su papel de contrapeso al poder”, afirmó Geneviève Paul, directora ejecutiva del Centro de Derecho Ambiental de Quebec.

Las organizaciones también critican al gobierno del CAQ por optar por actuar a puerta cerrada, sin consultas públicas previas. Respecto a la negativa del gobierno a participar en las consultas, Bertrand Guibord, presidente del Consejo Central Metropolitano de Montreal del CSN, sostuvo que “no tiene mucho sentido participar en las consultas cuando el gobierno del CAQ ya ha tomado una decisión”.

Fuego combinado de la oposición.

Al cabo de una hora, la ministra Jolin-Barrette inició las consultas declarando que “tenemos la oportunidad de adoptar una constitución que reúna a todos los quebequenses en torno a un proyecto que haga justicia a nuestras instituciones, nuestros valores y nuestro modo de vida, que no son ni CAQ, ni Solidaridad, ni PQ, ni liberal, sino orgullosamente y claramente quebequenses”.

Las declaraciones iniciales de los partidos de la oposición demostraron que estaba equivocado: “El proyecto de ley 1 es un documento ilegítimo y autoritario, un proyecto de orientación política. Autoritario, porque es el resultado de siete años de gobierno del CAQ trabajando para amordazar a cualquier persona o grupo que no piense así y quiera desafiar sus leyes”, tronó el liberal André Albert Morin.

Después de él, Guillaume Cliche-Rivard, miembro solidario de Québec, dijo que lo consideraba un proyecto de ley importante, “pero que comienza con un grave déficit democrático debido a la falta de consultas previas”. Haciéndose eco de él, Pascal Paradis, miembro del Parti Québécois, describió el ejercicio como “un intento desesperado por parte del gobierno del CAQ de impulsar la tercera vía, la de la autonomía de Quebec dentro del federalismo canadiense, una tercera vía que es un completo fracaso”.

Soportes en apertura

Simon Jolin-Barrette pudo entonces encontrar algo de consuelo en la apertura de las audiencias de la comisión parlamentaria. Los primeros en intervenir fueron los representantes de Droits Collectifs Québec -la organización que demanda al Tribunal Supremo por no traducir al francés sus decisiones anteriores a 1960-, quienes afirmaron que el proyecto constitucional es “legítimo, válido y legal”, en palabras del abogado de la organización, François Côté.

Contrariamente a numerosas críticas, Côté afirmó que el proyecto de ley 1 no disminuye en modo alguno los controles y equilibrios dentro de la sociedad. Respecto al equilibrio entre derechos individuales y colectivos, el abogado sostuvo que “los derechos individuales no existen en el vacío. Un derecho individual no es la capacidad que tiene una persona (…) de desprenderse de su sociedad y exigir que el individuo prevalezca sobre todo el colectivo”. También desestimó las críticas sobre la falta de consultas previas: “Hay una consulta que se está dando aquí y ahora”.

Un poco más tarde, Vincent Vallée, vicepresidente del Instituto de Investigación de Quebec, también apoyó la adopción de una constitución quebequense. Utilizó una imagen que resonó en el ministro: “En los últimos años, como hemos mencionado en los debates con Canadá, hemos buscado separar Quebec de Canadá. Al afirmarnos de esta manera, elegimos separar Canadá de Quebec”.

Aborto: el nudo gordiano

La espinosa cuestión del aborto fue abordada más tarde por Alexandra Houde, presidenta de la Red Feminista de Quebec. Jolin-Barrette declaró claramente su intención de proteger el derecho de las mujeres al aborto, y el artículo 29 del Capítulo 1 de la constitución propuesta afirma que “el Estado protege la libertad de las mujeres de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Según algunos expertos, consagrar este derecho en la ley abre la puerta a impugnaciones legales. Se trata de una cuestión jurídica muy compleja, y Houde reconoció que sus miembros están divididos sobre este enfoque: “No hay consenso. De hecho, debemos considerar qué es más plausible, cuál es la mejor manera de proteger el aborto. Y no hemos podido encontrar una que sea verdaderamente sólida, que garantice al 100 por ciento que nunca habrá una reversión del derecho al aborto en Quebec”.

–Este informe de La Presse Canadienne fue traducido por CityNews